Navarro tiene "esperanzas" de un acuerdo para modificar el decreto de fotovoltaicas en la comisión bilateral constituida

EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Energía, Industria y Medioambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, ha señalado que la constitución de una comisión bilateral entre el Gobierno central y el regional para tratar sobre el decreto de fotovoltaicas le "hace tener esperanzas" de que "es posible" un acuerdo que elimine la "discriminación" hacia la región extremeña.

Navarro ha explicado que la Junta "ha tomado la decisión de presentar el recurso" al Real Decreto Ley 14/2010 que regula las primas de las plantas fotovoltaicas.

Para ello, ha utilizado "la vía del artículo" de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "que dice que el plazo para interponer un recurso de inconstitucionalidad por parte de una comunidad autónoma es de nueve meses si antes de cumplirse tres desde la publicación de la norma se constituye una comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma para intentar solucionar digamos amistosamente el motivo de la discrepancia".

Esta comisión se ha constituido "el día 15 de este mes" entre el Gobierno y la Junta, que ahora tienen "seis meses por delante para trabajar intensamente y encontrar una solución" que "elimine" lo que el Gobierno extremeño considera "una discriminación, un trato injusto" hacia Extremadura en cuanto a que "no se reconocen las horas de sol" que hay en esta región frente a otras zonas de España.

"Si transcurrieran estos meses y no se modificara el fondo del asunto, sería interpuesto el recurso de inconstitucionalidad", ha precisado Navarro, quien ha sido preguntado por este asunto en un encuentro con la prensa tras la firma de un convenio sobre inversiones en municipios de la Red Natura entre alcaldes de las localidades en que se harán las actuaciones y los responsables de Iberdrola y Endesa en la región.

José Luis Navarro ha remarcado que "no se trata de aplazar el recurso ni en ningún caso de no interponer el recurso" ya que éste "se va a interponer dentro del plazo, pero siempre entendiendo que se puede ser mucho más eficaces, y mucho más rápidos también, si hay un acuerdo ahora en seis meses que en los años que puede tardar en resolver el Tribunal Constitucional".

"Y es lo que toca ahora, ponernos a trabajar para intentar esa solución pactada para modificar ese Real Decreto Ley 14/2010 que mantenemos, y así nos ha respaldado el Consejo Consultivo, que discrimina a Extremadura y que hay motivos para considerar que es inconstitucional", ha indicado.

Navarro ha explicado que los recursos sólo se pueden presentar ante el Tribunal Constitucional, al que la Junta "ya" ha comunicado que se ha constituido dicha comisión, con lo que "en cumplimiento" de la ley del TC se cuenta con seis meses para intentar llegar a acuerdo.

Así, "si transcurren esos seis meses y no hubiera un acuerdo para modificar ese real decreto ley en el sentido que la Junta de Extremadura lo pide, entonces ya sí sería interpuesto formalmente el recurso de inconstitucionalidad porque el plazo para presentarlo es de nueve meses a partir del 24 de diciembre", ha añadido.

"Por lo tanto tenemos hasta el 24 de septiembre para interponer el recurso", ha precisado Navarro, quien a su vez ha indicado que si no se hubiera constituido esta comisión bilateral "el plazo hubiera sido sólo de tres meses".

BUSCAR EL CONSENSO

El consejero ha defendido que "es mejor solucionar los conflictos de una manera consensuada y de una manera pactada" y entiende que, con la vía adoptada, se puede ser "más eficaces" para el fin que persigue la Junta, "que es que se modifique ese real decreto ley por la vía del acuerdo y de la negociación" y "no tener que esperar los plazos que desgraciadamente son muy largos del Tribunal Constitucional para resolver los conflictos".

"Y, o en el Boletín Oficial del Estado esos hipotéticos acuerdos se traducen en una modificación del Real Decreto Ley y si no, con toda certeza, interpondremos el recurso de inconstitucionalidad", ha apostillado.

A preguntas de la prensa Navarro ha explicado que la comisión está formada "exclusivamente por el Gobierno de España encabezada por su vicepresidente tercero y por la Junta de Extremadura y por la Junta de Extremadura encabezada por su vicepresidenta primera".

La primera reunión ha tenido lugar "el día 15 de este mismo mes" y "todavía no tiene fecha la siguiente". "Nos hemos intercambiado documentación y tenemos los seis meses para trabajar y buscar solución y nosotros lo que estamos proponiendo son fórmulas para, manteniendo el espíritu de lo que el Gobierno pretendía con ese real decreto ley, eliminar completamente la discriminación hacia Extremadura", ha apuntado.

Preguntado por cuáles serían esas fórmulas, el consejero ha dicho que "no se deben adelantar ahora cuando hay una negociación", a lo que ha añadido que "una negociación compleja como esta hay que esperar a que dé resultados".

TRABAJAR CON DISCRECIÓN

Ha defendido que esta comisión debe trabajar "con discreción, buscando las soluciones" y ha añadido la Junta de Extremadura estará "en contacto" con el sector fotovoltaico para "estar seguros" de que la línea en la que trabaja "es también la que el sector está demandando". "Siempre bajo el criterio de que lo que está aquí en juego no son las aspiraciones máximas que el sector fotovoltaico tendría sino simplemente el resolver una inconstitucionalidad", ha agregado.

Preguntado por si tras esa primera reunión confía en que se logre un acuerdo, Navarro ha dicho que "no" se atrevo a "aventurar hipótesis". "Me gusta ser siempre muy prudente", ha indicado.

No obstante, el consejero ha señalado que el hecho de que el Gobierno central "haya aceptado y haya constituido" esta comisión le "hace tener esperanzas de que es posible". "Pero acabamos de empezar a trabajar prácticamente y yo no me considero ahora capaz de hacer un pronóstico de si vamos a conseguir ese acuerdo", ha concluido.