UCE-Extremadura advierte que la falta de información dejará en "papel mojado" el bono social de la factura eléctrica

Actualizado: martes, 30 junio 2009 13:32

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Extremadura-UCE advirtió hoy de que la publicación de la norma que regula el bono social de la factura eléctrica va a pasar "absolutamente desapercibido" entre sus potenciales beneficiarios por la "falta de información" y que por ello la medida va a quedar en "papel mojado".

Para el colectivo, las administraciones implicadas no han desarrollado campañas "eficaces" para explicar a la población los beneficios de este bono social y los requisitos que han de cumplirse para poder acogerse a él.

Por ello, UCE, en su labor de defensa de los intereses de los consumidores, anunció que informará en todas sus oficinas, tanto a través del teléfono o del correo electrónico, como personalmente, a todos aquellos que quieran solicitarlo. Las direcciones de contacto pueden consultarse en el teléfono 924 387 178 o en la web www.ucex.org.

Además, recordó que la normativa vigente obliga a las comercializadoras de último recurso a informar a los usuarios de los requisitos del bono social mediante cartas adjuntas a las facturas de junio y julio, sistema que para la asociación se ha mostrado "ineficaz" en la explicación de la liberalización del sector, pues "es generalizado el desconocimiento del proceso entre la población".

También la Seguridad Social enviará comunicaciones a todos los pensionistas que puedan ser potenciales beneficiarios del bono social.

UCE recordó que el bono social está configurado como un mecanismo de protección para determinados colectivos vulnerables que, en la práctica, verán como su recibo de la luz se "congela". De esta forma, estos colectivos se podrán beneficiar de unas tarifas más bajas que la Tarifa de Último Recurso.

Aunque se habló que el bono social estaría ligado a la renta, lo cierto es que la normativa que lo regula "no" lo asocia a los ingresos de la unidad familiar, sino a "determinadas circunstancias personales", añadió.

Así, podrán acogerse al bono social todos los consumidores que tengan contratada una potencia menor de 3 kW en su vivienda habitual; los pensionistas mayores de 60 años que reciban las cuantías mínimas; las familias numerosas; y las familias que tengan todos sus miembros en edad de trabajar paro.

REQUISITOS COMUNES

En todos los casos, el suministro tiene que estar ligado a la Tarifa de Último Recurso y corresponder a una persona física para su vivienda habitual. El control de los requisitos que deben cumplirse recaerá sobre las comercializadoras de último recurso. Además, las solicitudes de bono social deberán dirigirse también a estas.

En todos los casos, las solicitudes incluyen una autorización genérica a la comercializadora para que pueda contactar con las administraciones públicas a fin de comprobar que realmente reunimos los requisitos exigidos.

Los formularios que deben remitirse a las comercializadoras pueden ser obtenidos en las oficinas de UCE o en la web, www.ucex.org, informó el citado colectivo en nota de prensa.

CUÁNDO ENTRA EN VIGOR

El bono social entra en vigor el 1 de julio. Esta entrada en vigor será automática para los abonados que tengan contratados en su vivienda habitual menor de 3 kW, que no tendrán que realizar ninguna declaración.

En el resto de los casos, deberá ser solicitado por el titular del suministro y, de cumplir los requisitos, le será de aplicación el primer día del mes siguiente a la recepción por parte de la comercializadora de toda la documentación.

CÓMO SE SOLICITA

Lo único que debe hacer el ciudadano es rellenar los formularios correspondientes a la situación concreta y enviarlos por fax, correo electrónico, correo postal o entregarlos personalmente a la comercializadora de último recurso.

MODIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS

Las comercializadoras de último recurso podrán controlar el cumplimiento de los requisitos y su mantenimiento a lo largo del tiempo.

Los beneficiarios del bono social están obligados a comunicar cualquier cambio en sus circunstancias personales que le excluyan de los beneficiarios de esta medida (como que un desempleado comience a trabajar). Si se detecta que no existe esa comunicación, se aplicará un recargo en la factura eléctrica de un 10 por ciento.