El presidente de Alcoa en España admite su "preocupación", pero coincide en que "hay argumentos sólidos" para rebatir a Bruselas
CERVO (LUGO), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, anunció hoy que la Xunta "se personará" en el expediente abierto por la Comisión Europea a España por los bajos precios eléctricos pagados por 36 grandes empresas en 2005 -entre las que se encuentran las fábricas de Alcoa en Cervo (Lugo) y de Ferroatlántica en Cee (A Coruña)- y que pedirá que se amplíe el plazo de 30 días dado por la institución comunitaria para remitir las alegaciones oportunas.
En rueda de prensa tras visitar la planta de Alcoa en Cervo (Lugo) en compañía del presidente de la compañía para España, José Ramón Camino de Miguel, Fernando Blanco -que dijo que "hablará con todas las partes"- calificó de "esencial" el contrainforme que se elabore, pues indicó que "Bruselas es como la justicia, puede ser lenta pero siempre llega". "Es muy importante que esté bien realizado, por lo que sería bueno un período más amplio", insistió.
El conselleiro de Industria se mostró dispuesto a colaborar con el Ministerio de Industria, que "es el que tiene las competencias", y mostró su coincidencia con los argumentos del Gobierno central para probar ante la Dirección General de la Competencia de la UE que las tarifas eléctricas aplicadas a los grandes consumidores no incluyeron ayudas públicas y se adecuaron a la legislación vigente tanto en España como en Europa.
En este sentido, el Ministerio de Industria considera que el cambio normativo que España prevé imponer en 2008 para liberalizar las tarifas está por encima de las exigencias comunitarias, por lo que los técnicos prevén que cuando se aplique el nuevo marco será el segundo país europeo, por detrás del Reino Unido, con el sector eléctrico más liberalizado.
Así, Fernando Blanco reveló que hoy le envió una carta al ministro de Industria, Juan Clos, para expresarle su intención de "trabajar de manera coordinada", pues aunque la Xunta se personará en este expediente, es consciente de que "el peso" debe recaer en el Gobierno central porque es el competente en esta materia. Blanco también desea actuar conjuntamente con el Principado de Asturias, también afectado por esta cuestión.
EXPEDIENTE SERIO
Tanto el conselleiro como el presidente de Alcoa en España no quisieron restar importancia a este expediente e indicaron que "hay que tomárselo en serio", pero igualmente están convencidos de que pueden "rebatir con argumentos sólidos" los postulados de Bruselas. Entre otros aspectos, recordaron que los grandes consumidores actúan también de reguladores del sistema porque tienen la capacidad de interrumpir el consumo y es algo que también se debe valorar.
En este sentido, José Ramón Camino de Miguel lanzó un mensaje "de preocupación y de tranquilidad" a los empleados en Cervo, aunque admitió que puede "sonar contradictorio", pues subrayó que es una de las fábricas del grupo "más eficientes y rentables". Está convencido de "superar esta situación" con el "apoyo" de las instituciones y de los juristas.
El responsable empresarial indicó que es "muy difícil" cuantificar que incremento en el precio de la electricidad podría asumir para continuar siendo viable y dijo que, aunque los precios del aluminio "están en un momento bueno, son cíclicos y bajarán", por lo que deben estar preparados para coyunturas peores.
Camino de Miguel desea que Alcoa tenga "una transición ordenada" al mercado libre y destacó que si se valora que actúa también como regulador del sistema, "combinado con un contrato a largo plazo con una eléctrica", estará en disposición de conseguir "un precio razonable" que le permita "seguir siendo competitiva".
El presidente de Alcoa en España también precisó que "el expediente no acaba aquí" y aventuró que "este tema se puede alargar bastante". En este sentido, el conselleiro se refirió al caso italiano en el que el Gobierno de ese país consiguió más plazo para preparar sus argumentos ante la Dirección General de la Competencia de la UE.
José Ramón Camino de Miguel y Fernando Blanco también se reunieron con el Comité de Empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) para exponerle cuál es la situación y expresarle que la empresa y la Xunta trabajarán de manera coordinada en la defensa de sus argumentos ante Bruselas para que esta fábrica siga siendo viable y no estén en peligro sus puestos de trabajo. En Cervo están empleadas 1.300 personas de manera directa y otras 600 en empresas auxiliares que trabajan de manera permanente en estas instalaciones.
