El 50% de las acciones civiles se pueden tramitar en gallego y la Xunta "irá adaptando" las demás herramientas judiciales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Santiago Roura, aseguró hoy que el 50 por ciento de las acciones civiles se pueden tramitar en lengua gallega; así como que el "considerable esfuerzo de adaptación" de las herramientas judiciales se "irán adaptando" a este idioma para "cumplir" con el Plan de Normalización Lingüística.

Tras la denuncia del diputado del BNG Bieito Lobeira, en comisión parlamentaria, de que las herramientas informáticas que utilizan los juzgados gallegos --los programas LIBRA y MINERVA-- "excluyen radicalmente" el gallego "impidiendo" el derecho lingüístico a usarlo en sede judicial; Roura achacó esta situación a "motivos estructurales" debido a que estas aplicaciones provienen del Gobierno central.

No obstante, indicó que su departamento desarrolla líneas de actuación para impulsar acciones formativas en materia de lengua jurídica "en las que cada día hay más asistentes"; y para editar textos legales en gallego, ya que "antes se hacía de forma tardía y escasa", y aseveró que ahora hay "una ingente cantidad" de normas traducidas. Precisamente, avanzó que "en breve" se publicará en este idioma el Estatuto de los Trabajadores, el Código penal y civil y la Ley de Enjuiciamiento civil y criminal.

De esta medida, admitió que "no es una acción estrella", pero elogió su "tremendísima trascendencia" y la comparó con la "llovizna", en el sentido de que "es fina, pero permite que poco a poco el gallego penetre en usuarios que no tenían el gallego como su lengua vehicular" y que, por "problemas de incomodidad, disminuyen su intención de iniciar un proceso" en este idioma. "A medio plazo, la mejora será evidente", garantizó el secretario xeral.

Además, a respecto de las herramientas informáticas de gestión judicial, recordó que en otoño de 2007, en el registro civil de A Coruña, el único con carácter exclusivo, se implantó el INFOREG IV, que permite inscribirse en lengua gallega. Además, informó de que en los 45 registros principales de Galicia, también está implantado, así como en 55 de los 270 secundarios. "El proceso está en marcha para completarlo en todos los registros", aseveró Roura.

JUICIOS RÁPIDOS

A pesar de esta exposición, Lobeira concluyó que la situación judicial en Galicia "conculca en la práctica el derecho de utilizar la lengua gallega" y se preguntó "filosóficamente" si "el gallego es incompatible con la informática o las nuevas tecnologías".

Asimismo, resaltó que no se celebró "ni un solo" juicio rápido en esta lengua, ya que los 50 documentos necesarios "no se pueden tramitar" en gallego. En conjunto, denunció que el 92 por ciento de las actuaciones judiciales "sólo" se pueden resolver en castellano.

Sobre esta cuestión, Roura enumeró la planificación de lo que resto de año, según la cual cada quincena se incrementará al menos una acción judicial cuyo formulario se podrá encontrar en ambos idiomas, con el fin de promover "el libre derecho de elección" para lograr una "convivencia lingüística pacífica".

Así, apuntó que durante la segunda quincena de septiembre los juicios de faltas y los procesos de despido contarán con documentación en gallego; en octubre, harán lo propio las diligencias urgentes por delito y los juicios rápidos penales; y, hasta final de año, los procesos familiares y la segunda instancia civil, entre otros.

PROCURADORES EN OURENSE

Por su parte, la directora xeral de Xustiza, Begoña Santos, compareció en la Comisión Institucional, de Administración xeral, Xustiza e Interior, para aclarar el posible traslado fuera del Pazo de Xustiza de Ourense de las dependencias del Colexio Oficial de Procuradores, motivada por una pregunta del diputado nacionalista Iago Tabarés.

A este respecto, aseguró que los procuradores contarán con un local en el interior de la propia sede judicial y aludió a que las obras que se están llevando a cabo permitirán que la Oficina de Atención a las Víctimas entre en funcionamiento el 30 de octubre y que el nuevo Juzgado de Primera Instancia haga lo propio el 30 de diciembre.

FORMACIÓN LOCAL

Otra de las cuestiones tratadas en la comisión fue la de las necesidades formativas de las administraciones locales, para lo que compareció el director de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Carlos Suárez-Mira, quien avanzó que "de forma inminente" se realizará una encuesta para que los propios trabajadores públicos "hagan un autodiagnóstico" de qué necesitan.

Además, indicó que entre los objetivos de la EGAP se encuentran la consolidación de la formación a los cargos electos locales y la descentralización de estas actividades, con el objetivo "solventar las carencias formativas" del personal público; al tiempo que enumeró los programas que actualmente se llevan a cabo, sobre administración y técnicas gerenciales, entre otros.