SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Díaz, y su compañero de escaño Antón Sánchez han denunciado este viernes que el presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, está "ocultando" a la comisión de investigación sobre la desaparición del sistema financiero gallego información "trascendental" sobre la fusión de las cajas, por lo que han registrado nuevas peticiones de documentación.
En rueda de prensa, Sánchez ha concretado que su grupo demanda el acuerdo del Consello de la Xunta que autorizó la fusión, así como "los informes técnicos" que avalaban ese acuerdo.
"Estarán ocultos en un cajón o, como los contratos de Marcial Dorado, se inundaron", ha ironizado, antes de insistir en que la exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, en su declaración por escrito a la comisión, hacía alusión a esos informes diciendo que "iban anexos" y "no se aportaron" al órgano parlamentario.
En este sentido, el diputado se ha preguntado "qué tiene que ocultar" el PP para impedir que vean la luz. "¡Es un escándalo!", ha exclamado.
Otro documento que ha requerido es "la carta de encargo" de la Xunta a KPMG para que elaborase "una due-diligence parcial y limitada a ciertas áreas críticas" de las entidades de ahorro, tal y como figura en el propio documento, que sí se estudió en la comisión --de carácter secreto-- hasta que "AGE la filtró a los medios de comunicación" para que la sociedad "pudiese conocerla", según ha revelado Yolanda Díaz.
"DOS LISTILLOS"
Toda esta documentación, como ha explicado, es "central" a la hora de construir "el relato" de lo que ha ocurrido con las extintas Caixa Galicia y Caixanova.
"La Xunta quiere ofrecer una versión de que hubo dos listillos, Méndez y Gayoso, que acabaron con las cajas, y claro que sí; pero también hubo quien le permitió a estos dos señores durante más de 20 años hacer de las cajas gallegas su corral particular", ha remarcado, apuntando así que tanto la Xunta como el Banco de España tienen "mucha responsabilidad" en el "fiasco" final.
En el mismo sentido, Yolanda Díaz ha explicado que los datos "oficiosos" que maneja --y por ello quiere los documentos oficiales-- le llevan a creer que "los dos sátrapas" estaban "liderados políticamente por Feijóo" y que "los coadyuvantes" fueron "los partidos del régimen" que, en el Congreso, "pactaron las normas que pedían los grandes bancos" para hacer de España "un oligopolio financiero".
Además, centrada también en la labor de "control e inspección" tanto de la Xunta como del Banco de España, ha reprobado que los sucesivos gobiernos gallegos "ampararon" que las cajas "se dedicaron al tsunami especulador que nada tenía que ver" con Galicia. "Lo sabían perfectamente, pero miraron para otro lado", ha censurado.
En este punto, ha preguntado a Feijóo "qué pasó" para que la comunidad pasase de tener dos cajas valoradas en más de 2.000 millones de euros a "un gran agujero negro" de 9.000.
"RESPONSABILIDADES PENAL"
En este escenario, la dirigente de Alterrnativa ha demandado que se depuren "responsabilidades de carácter penal" contra los exdirectivos de las extintas cajas gallegas, ya que la abierta actualmente sólo estudia las indemnizaciones "archimillonarias y obscenas" que recibieron.
"Nosotros pediríamos que, al finalizar la comisión, se inste a depurar su responsabilidad penal por lo que hicieron en el sistema financiero de nuestro país", ha insistido la 'número dos' de Beiras en la Cámara gallega, convencida de que no puede haber "penas de prisión por robar pañales" y que los "sátrapas" sigan "paseando por la calle como si nada".
COMISIÓN "PARALIZADA"
Al hilo de ello, ha vuelto a criticar que la comisión parlamentaria lleva "desde septiembre paralizada", lo que constata su opinión inicial de que "nació sin voluntad de investigar" lo realmente ocurrido en la liquidación de las cajas gallegas.
Finalmente, al margen de toda la información sobre el proceso de liquidación, AGE ha pedido también el cuaderno de venta de Novagalicia Banco y el conjunto de la documentación generada durante su proceso de venta y que obre en poder de la Xunta y del Gobierno.
Se trata de conocer si, como ha apuntado Díaz, es cierto que todavía no se han pagado los 1.003 millones de euros correspondientes.