El alcalde de Pol (Lugo) admite que fue multado pero dice que "nadie puede demostrar" que pidiera anulación de sanciones

Los regidores de Folgoso y Pedrafita y una vicepresidenta de la Diputación declaran por el sobreseimiento irregular de multas

Europa Press Galicia
Actualizado: viernes, 24 julio 2009 14:46

LUGO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pol (Lugo), el socialista Lino Rodríguez, reconoció hoy tras prestar declaración en el juzgado como imputado en la investigación sobre sobreseimiento irregular de multas que tuvo sanciones por hablar por el móvil cuando no disponía de manos libres, pero matizó que "nadie puede demostrar" que pidiera que se las anulasen.

"Nadie me puede demostrar que yo hubiera pedido nada para mí", afirmó, en declaraciones a los medios de comunicación, Lino Rodríguez, quien se encuentra actualmente sin permiso de conducir.

Además, al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, que instruye la investigación, acudieron los alcaldes de los municipios de Folgoso de Courel, José López Fontal (PSdeG), y de Pedrafita, el socialista José Luis Raposo, que no realizaron declaraciones a los medios siguiendo instrucciones de sus letrados.

También declaró en el juzgado la vicepresidenta segunda de la Diputación de Lugo, Lara Méndez. Tanto ella como el alcalde de Pol aseguraron, tras prestar declaración, sentirse "totalmente tranquilos".

"NO TENGO NADA QUE VER CON ESTO"

Lara Méndez comentó que acudió al juzgado imputada por un delito de cohecho, pero puntualizó que se encuentra tranquila. "No tengo nada que ver con todo esto", apostilló y matizó que "cohecho es cuando recibes algún beneficio". "De ahí que no entienda mi imputación", comentó y admitió que le habían impuesto alguna sanción, que pagó puntualmente.

Desde que se inició la investigación se produjeron las dimisiones, tras su imputación, del jefe provincial de Tráfico, Julio González, y del anterior subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Otero.

También en el marco de esta investigación se llevó a cabo la detención de una funcionaria de Tráfico y otros trabajadores de la jefatura provincial tuvieron que acudir a declarar, así como varios cargos públicos y, entre otros, el vicario general de la Diócesis de Lugo.

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