Critica que las políticas de los gobiernos recortaron derechos humanos y pide modificar la ley para atender casos de desahucios
VIGO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La entidad territorial de Amnistía Internacional en Galicia ha instado a los gobiernos autonómicos y en concreto al gallego, a tomar la iniciativa para adoptar medidas de prevención y seguridad ante casos de violencia de género; así como a presionar al Gobierno central a "abrir la posibilidad de atender a más refugiados".
Así lo ha trasladado este martes el portavoz Manuel Barreiro, en una rueda de prensa en la que el grupo local de Vigo junto con la coordinadora de comunicación de Galicia, Clara Sánchez, han presentado el informe anual de Amnistía Internacional, que acerca un análisis de la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2015, y en la que han hecho un balance pormenorizado de la situación en España y de Galicia.
Según ha trasladado, parte de las políticas implementadas por parte de las administraciones autonómicas y estatal han sido de "recortes en el reconocimiento de derechos humanos", a colación de lo que se ha referido a los desahucios, ante los que piden modificar la ley para establecer un mecanismo judicial "mucho más favorable para atender la denuncia de la persona" y que los jueces no sólo respondan al bien económico, sino también al bien social.
Además, ha subrayado la necesidad de implantar una ley nacional o que los gobiernos autonómicos tomen la iniciativa para adoptar medidas de prevención y garantías para las mujeres maltratadas. Igualmente, ha instado a las comunidades autónomas a presionar al Gobierno central para abrir la posibilidad de atender a más refugiados, "porque espacio y economía hay para poderlo hacer".
MEDIDAS EN GALICIA
En cuanto a las acciones llevadas a cabo en 2015 por Amnistía Internacional Galicia, los portavoces han indicado que el principal foco se centró en la defensa de la sanidad pública gallega, puesto que el sector se vio afectado de manera "bastante notable" por los recortes.
Ante esta situación han dicho que instaron a parlamentarios, grupos políticos y el Gobierno gallego a que esos recortes no se llevasen a cabo, donde han celebrado que se consiguió "moderar" la disposición a recortar la sanidad a los extranjeros, aunque, eso sí, "sin conseguir del todo que se respetase la sanidad libre y universal".
En este sentido, han recordado que fue "muy importante" la campaña 'SOS Refugiados', por la que reclamaron, en confluencia con otras organizaciones, el cumplimiento de los acuerdos internacionales, donde "España firmó recibir 18.000 refugiados y solamente hay 80 o 90".
Barreiro ha remarcado que "18.000 era una cifra simbólica, pero ha quedado como el punto de una i con solo 80 refugiados". Así, ha reiterado que es fundamental el que las decisiones de acogimiento si al menos "no se incrementan, se respeten".
SITUACIÓN EN ESPAÑA
Los portavoces de la entidad territorial han considerado que los líderes mundiales "han respondido mal y tarde a la crisis", y han hecho un repaso a las "violaciones" de derechos humanos más destacables que se dieron en 2015 en España, donde han apuntado a que el principal problema fueron las "nuevas disposiciones legislativas que han atacado y amenazan los derechos humanos".
Así, han incidido en que la Ley de seguridad ciudadana supone una "restricción de la libertad de reunión" y da "amplias competencias" a la policía para multar, ante lo que la ONU ha expresado "su preocupación por las repercusiones de esta ley". Además, han pedido que no se discrimine a la hora de identificar a individuos por razones étnicas y de aspecto físico.
También el comité contra la tortura de la ONU ha manifestado su "preocupación" por las detenciones en régimen de incomunicación en España y ha recomendado que se modifique la definición del término "tortura" y "desaparición forzada", y se investiguen denuncias de tortura y malos tratos --como los casos de tortura en Iraq o las víctimas de crímenes de la Guerra Civil--.
En cuanto a los refugiados, han comentado que también hay "preocupación" por la modificación de la Ley de extranjería, que legaliza la expulsión automática, 'en caliente' y colectiva de migrantes e "impide el acceso a los procedimientos de asilo", y ha recordado que en julio, el comité de derechos humanos instó a España a la no devolución y a proporcionar acceso a asilo a los solicitantes.
En este punto también han denunciado la situación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde el de Melilla está "completamente desbordado y no se está permitiendo el acceso de la gente a la península, con lo que se restringe la libertad de circulación de las personas que solicitan asilo, y se les hace esperar --allí-- un mínimo de dos meses".
VIVIENDA, MUJERES Y ABORTO
En lo relativo a la vivienda, han cifrado en más de medio millón los procedimientos de ejecución hipotecaria que fueron realizados entre los años 2008 y 2014, y en más de 50.000 los que se iniciaron en los primeros 9 meses de 2015.
Por ello, han expresado que las medidas del Gobierno "no han proporcionado un recurso efectivo para solucionar este problema, y se está vulnerando el derecho de acceso a la vivienda". Además, han remarcado que la ONU instó a garantizar el acceso a recursos judiciales a personas que se enfrentan a estos procedimientos.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, han vuelto a incidir en la necesidad de que a las víctimas --un total de 56 mujeres fallecieron en 2015 a manos de sus parejas o exparejas-- se les dé acceso "a la reparación y a la atención" y de que se dé a los funcionarios encargados de atender estos casos la "formación adecuada".
Además, se han referido a que la ONU instó a España a "no restringir el acceso de mujeres y niñas" al derecho al aborto como ocurre con la última modificación de la Ley del aborto con las menores y las discapacitadas, pues "no debe haber ninguna barrera legal que obligue a las mujeres a recurrir a un aborto clandestino".
Los portavoces han señalado que en algunas cuestiones es "sorprendente" que la ONU tenga que llamar la atención a España, pero ha reconocido que también hay "aspectos positivos", como la creación de un Observatorio contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y su participación en organismos internacionales de derechos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha solicitado que se autolimite el derecho de veto a iniciativas.
PETICIONES A LA ONU
Los portavoces de Amnistía Internacional han trasladado la petición de la ONG de que la ONU emita una política internacional para que todos los estados respeten los derechos humanos y se "deje de lado la retórica que divide, xenófoba y contraria" a los mismos. "Los gobiernos deben seguir apoyando políticamente el derecho internacional y en particular el humanitario, para proteger a las personas desfavorecidas", han resumido.
Además, al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien creen que no ha tenido "demasiada iniciativa en la defensa de los derechos humanos", le piden que marque "un punto de autoridad" y asuma "su voluntad y defensa" contra la violación de derechos en todo el mundo. "Que deje como recuerdo de su mandato algo que deje en la memoria que su paso por las Naciones Unidas tuvo sentido", han rematado.
En relación a ello, han recordado que este año se elige a un nuevo secretario general de la ONU -que creen que "podría ser una mujer" porque "nunca hubo una situación tan favorable como esta vez"--, y han reclamado a todos los organismos que escojan "un nuevo secretario general con un perfil que dé esperanza de que el organismo asumirá esa defensa de los derechos humanos".
