El PP ve un intento de "invalidar" el voto de la diáspora y el BNG lo acusa de querer "una bala en la recámara por si vuelve" a la Xunta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno bipartito --PSdeG y BNG-- aprobaron hoy, con la oposición del PP, reducir el plazo de escrutinio del voto emigrante a un máximo de tres días después de la celebración de las elecciones, algo que se materializará a través de una reforma de la legislación electoral gallega "en todo caso antes de las próximas elecciones autonómicas".
Esta es una de las recomendaciones que recoge el dictamen de la comisión de investigación sobre la supuesta agente electoral del PSdeG, al que los socios de la Xunta le dieron hoy luz verde en este foro parlamentario, y que suscitó un cruce de acusaciones entre populares y nacionalistas en torno a la limpieza del voto de los gallegos residentes en el exterior.
"¿Qué problema tiene el PP en que el escrutinio se produzca el mismo día que el escrutinio en Galicia?, se preguntó el portavoz del BNG en la Cámara autonómica, Carlos Aymerich, quien barajó que el rechazo de los populares a reducir este plazo pueda explicarse porque "quiera tener una bala en la recámara por si vuelve --al Gobierno--".
Después de subrayar que las tres fuerzas han reconocido que en la emigración "pueden votar los muertos, suplantar el voto y comprar sacas de votos", Aymerich defendió esta propuesta al aducir que "ampliar el tiempo de recuento es ampliar las posibilidades de fraude".
SIN INTERÉS EN QUE VOTEN LOS EMIGRANTES.
Frente a eso, el portavoz del Partido Popular en la comisión de investigación, Antonio Rodríguez Miranda, consideró que "reduciendo el plazo pretenden que cuantos menos votos sean válidos, mejor". "Si quieren que los emigrantes no voten, díganlo sin subterfugios", instó a los nacionalistas.
Por su parte, el diputado del PSdeG Xaquín Fernández Leiceaga reconoció que "la situación planteada en las últimas autonómicas no es buena" por lo que reivindicó la necesidad de llevar a cabo la reducción del plazo de recuento del voto emigrante, que había sido ampliado en cinco días en noviembre de 2004 con los votos a favor del PP y del PSdeG y la oposición del BNG.
En una rueda de prensa posterior a la comisión, Rodríguez Miranda aludió precisamente a esta "experiencia" para completar su argumento y recordó que la ampliación fue necesaria porque en algunos países extranjeros el servicio de correos "funciona como funciona", por lo que acusó al BNG de querer "invalidar" el sufragio de los gallegos en la diáspora.
En su opinión, la formación frentista da por hecho que el PSOE no va a acceder a garantizar que los emigrantes voten en urna antes de las autonómicas y, en consecuencia, concluyó que pretende que "los votos que lleguen, lleguen tarde y no valgan para nadie". "No tiene interés en los votos de los emigrantes porque no los tiene", resolvió.
VOTO EN URNA.
La posibilidad de garantizar que los emigrantes voten en urna también enfrentó a populares y nacionalistas puesto que el PSOE se mantuvo prácticamente al margen de este debate. Después de que en los últimos días los tres grupos reconociesen que la proposición de ley aprobada en el Parlamento en este sentido no se aprobará en el Congreso antes de las autonómicas de 2009, el portavoz del BNG reclamó al PP que presente una iniciativa en la Cámara Baja, como ya hizo la formación frentista, para propiciar el debate y agilizar el proceso.
"¿Pero sabe qué sucede? Que no le dan permiso", afirmó en referencia al Partido Popular a nivel nacional, a lo que Rodríguez Miranda replicó sugiriéndole que haga la misma petición al PSOE. "¿Quiere asociarse con el PP?", preguntó al nacionalista tras diagnosticar que PSdeG y BNG "son socios para una cosa y para otra no".
Aunque no concretó si los populares presentarán una proposición de ley en las Cortes, como pide el Bloque, Rodríguez Miranda reiteró después su "compromiso" para agilizar la tramitación de la pactada en el Parlamento gallego, al contrario que los socialistas. "Si el BNG no consigue convencer a su socio, su socio va a ser el responsable de vetar la reforma antes de las autonómicas", expuso.
DICTAMEN DEFINITIVO.
El BNG solicitó que estos dos puntos del dictamen referentes a la reforma de la legislación electoral gallega y nacional, respectivamente, se votasen de forma separada al resto del dictamen y, en consecuencia, el PP contraatacó solicitando que todas sus recomendaciones sobre el caso de la agente electoral se votasen también por separado.
Los populares votaron en contra de los dos apartados del dictamen de los socios de la Xunta y, respecto al de que los emigrantes puedan votar en urna antes de las gallegas, justificaron su voto negativo al alegar que PSdeG y BNG rechazaron previamente la recomendación del PP de que fuese la Xunta, en lugar del Parlamento gallego como proponían socialistas y nacionalistas, la que promoviese la reforma ante el Gobierno central.
Al margen de estos puntos, los tres grupos políticos se mantuvieron en sus respectivas posturas sobre la supuesta agente electoral del PSdeG, de modo que los socios del bipartito votaron en contra de todas las recomendaciones del PP. Así, aprobaron, sin el apoyo de la oposición, el dictamen, que no exige responsabilidades a ningún miembro del Gobierno por este caso.
DISCREPANCIAS CON LA OPOSICIÓN Y ENTRE LOS SOCIOS.
En cambio, la oposición solicitaba en su propuesta alternativa el cese o dimisión del conselleiro de Traballo, Ricardo Varela. Entre otros "implicados", apuntó también al titular de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, por aportar "informaciones falsas" en la investigación interna abierta en la Xunta por el caso, y al secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez. En ambos casos, exigió su reprobación pública.
El dictamen aprobado tampoco da por probado que María Isabel Blanco actuase como agente electoral aunque destaca la coincidencia de su viaje a Argentina con la precampaña y campaña de las pasadas autonómicas. También reconoce que no acudió a Buenos Aires para visitar a su hermana, como adujo la Xunta, puesto que ésta se encontraba en Galicia.
Pese a que los socios de la Xunta aprobaron conjuntamente el dictamen, Leiceaga resaltó que la investigación parlamentaria se hizo sobre un caso "concreto y determinado" y que el PP "no fue capaz de aportar ningún otro". En cambio, Aymerich consideró que este caso "dista de ser una anécdota" y reconoció "claras irregularidades" también en la concesión de la subvención por la que se contrató a Blanco, por lo que defendió el reintegro "total o parcial" de la ayuda y la apertura de un expediente sancionador "si es el caso". "Claro que hubo irregularidades; y claro que el Gobierno debe actuar en consecuencia", resaltó.
