Animalistas señalan el "desangre" de la caza en Galicia, que pierde el 50% de sus licencias desde 1997

Actualizado 27/07/2019 11:29:52 CET
Un cazador.
Un cazador. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber (FFW) han señalado este sábado el "desangre" del "lobby procaza" en Galicia, ya que, según sus cifras, ha pasado de tener 79.263 licencias en 1997 a 39.421, un número inferior "incluso si se tiene en cuenta que más de un millar de estas autorizaciones son interautonómicas", es decir, provienen de fuera de la Comunidad.

Así, ambas asociaciones han criticado que a pesar de su "nula representatividad social", un 1,4% de la población gallega, los escopeteros "siguen disfrutando de importantes ventajas legales y económicas", con una Ley de Caza "que les permite disparar a 100 metros de viviendas o las ingentes subvenciones que otorga la Xunta de Galicia cada año".

En este sentido, la FFW y Libera han asegurado en un comunicado que la caza, considerada como una práctica deportiva, "cosecha decenas de miles de euros" de la Secretaría Xeral para o Deporte, "equiparando a un cazador con un jugador de fútbol, tenis o baloncesto".

Atendiendo a la "fuerte" caída de las licencias, los animalistas han lamentado el "afán" de los grupos procaza por lograr medidas como que los menores puedan disparar desde los 14 años, cuando la edad actual en Galicia es de 16 años. Sin embargo, solo 69 menores aprobaron el examen en 2018, según datos de los mismos colectivos.

USO DE MANADAS

Por todo esto, Libera ha recogido en 'Change.org' más de 170.000 firmas con las que reclama la prohibición del uso de manadas en acciones cinegéticas, al considerar que incrementan la crueldad de las propias batidas, así como otras 76.000 rúbricas para pedir que ningún menor pueda participar. "Un número de apoyos populares muy superior a las licencias gallegas", ha indicado.

Las ONG también denuncian las estrategias "sibilianas" de los cazadores para evitar la prohibición de prácticas como la mutilación de orejas y rabos en perros o el uso de los collares de descargas eléctricas, a pesar de que un convenio europeo ya obliga a España a vetar cualquier actuación de este calibre.