Condena también a cinco ediles de su Junta de Gobierno, aunque considera que el delito no es continuado
VIGO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Pontevedra acordó estimar parcialmente el recurso presentado por el ex alcalde de Gondomar Carlos Silva (PP) y cinco ediles de su Junta de Gobierno, que fueron condenados a un año y medio de cárcel y 8 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y modificó la pena impuesta, reduciéndola a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación.
Según el auto del tribunal, esta reducción de la pena se basa en que la Audiencia no considera probado que el delito de prevaricación que se les imputó, por otorgar unas 40 licencias urbanísticas con base a un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que había sido anulado judicialmente, fuese "continuado", ya que gran parte de ellas se otorgaron sin que el alcalde, la Junta de Gobierno e incluso los técnicos municipales tuvieran conocimiento de una medida cautelar del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba el acuerdo plenario de aprobación del PGOM.
La sentencia condenatoria inicial, del Juzgado de lo Penal número dos de Vigo, consideraba probado que, cuando el alcalde y su equipo de Gobierno --formado por José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa-- otorgaron las licencias, entre diciembre de 2005 y enero de 2006, tenían conocimiento de que estas normas no eran aplicables porque el Plan había sido anulado por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el ponente de la Audiencia apunta en su sentencia que, aunque el procurador del Ayuntamiento conocía la medida cautelar del TSXG sobre la paralización del PGOM, "no consta probado que el alcalde y los restantes acusados tuvieran conocimiento de la misma".
Por ello, los concejales dieron luz verde a las licencias, amparándose en que, pese a que el Plan estaba anulado, se habían introducido modificaciones para "subsanar los defectos".
PREVARICACIÓN ESPECÍFICA
No obstante, la Sala precisó que sí hay un delito de "prevaricación específica agravada", en relación con una única licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en un núcleo rural, que fue concedida el 17 de enero de 2006, cuando el equipo de Gobierno ya conocía la medida del alto tribunal gallego.
De hecho, el juez recuerda que existía incluso un informe de la secretaria municipal que advertía "que podrían estarse otorgando licencias en base a una normativa municipal no vigente", y dicho informe fue ignorado por los acusados.
Así las cosas, la Audiencia revoca parcialmente la sentencia condenatoria de la Sala Penal número 2 de Vigo, al estimar en parte el recurso presentado por los acusados, y reduce la pena de año y medio a 6 meses de prisión, y 7 años de inhabilitación para cargo público municipal.
El ex alcalde Carlos Silva --que, junto con Gregores son los únicos de estos acusados que siguen en la Corporación Municipal de Gondomar-- fue juzgado en mayo pasado por un presunto delito de falsedad documental, mientras que uno de los miembros de su junta de gobierno, José Luis Mosquera, se sentó en el banquillo de los acusados hace un par de semanas, junto con el ex concejal de Urbanismo de Gondomar, Alejandro Gómez, y un arquitecto de Vigo, por tres delitos de cohecho. El jurado popular que juzgó este caso, consideró a los tres culpables.
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