La Axencia Urbanística multiplicó por seis los expedientes sancionadores iniciados en protección de costas en 2010

XUNTA/ANA VARELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) multiplicó por seis el número de expedientes sancionadores iniciados en servidumbre y protección de costas en 2010, en relación a la cifra del año anterior. Además, se resolvieron cinco de cada diez en tramitación en este ámbito.

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha informado de estos datos en su intervención para inaugurar unas jornadas sobre la protección de la legalidad urbanística en Galicia, que han comenzado este martes en Santiago pero se trasladarán, a lo largo de los meses de febrero y marzo, a las siete principales ciudades de la comunidad.

Hernández ha indicado también que la APLU, que ha considerado que se ha convertido en un instrumento "más eficaz", ha incrementado un 54% los expedientes sancionadores resueltos en 2010 y elevó la ratio de resolución a ocho de cada diez iniciados, frente a los cicno de cada diez de 2009.

Asimismo, las órdenes de demolición ejecutadas por los titulares de las construcciones, sin necesidad de orden judicial o ejecución subsidiaria por parte de la propia Axencia se incrementaron en un 10%.

El conselleiro ha destacado que el objetivo de la Xunta es la "protección, mejora y ordenación" del territorio y ha subrayado que se ha abierto un "compromiso de entendimiento entre las instituciones", con especial "protagonismo" de los ayuntamientos, por ser las entidades más apegadas al territorio.

INFORMAR A LOS INFRACTORES

La APLU, ha añadido, ha comenzado también a informar a los presuntos infractores al inicio de la apertura de expediente, algo "que no era habitual anteriormente", y ha señalado que el objetivo es informarlos de las distintas vías de que disponen para la reposición de la legalidad.

Cuando la demolición es ineludible, ha apuntado el conselleiro, se informa de que se aplica una bonificación del 80% de la sanción si la acción se ejecuta en el plazo establecido. De lo contrario, se imponen multas coercitivas y, en última instancia, la propia administración gallega lo hace, de forma subsidiaria.

Hernández ha apostado por profundizar en la "cooperación y comunicación" entre administraciones, a las que ha pedido un "esfuerzo" en materia de urbanismo. "Tenemos una buena normativa y un organismo --la APLU-- cada vez más eficaz y funcional", ha defendido.