Los municipios deberán destinar a viviendas con protección la mitad del suelo urbanizable que reciben de los promotores
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Xunta modificará la actual Ley del Suelo de Galicia para incrementar el porcentaje de suelo reservado para la vivienda protegida, que hasta ahora es del 20% y que en cuanto entren en vigor los cambios "a finales de este año" deberá ser del 40% en los municipios de más de 20.000 habitantes y del 30% en el resto de ayuntamientos.
Las conselleiras de Política Territorial y de Vivenda, María José Caride y Teresa Táboas, respectivamente, presentaron hoy en rueda de prensa el anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, cuyo objetivo es incrementar el suelo destinado a vivienda protegida y "favorecer el acceso a una vivienda de calidad a las rentas con más dificultades", según explicó la propia Táboas.
Así, la Xunta obligará a los municipios a aumentar la reserva de suelo para vivienda protegida que incluyen en los Planes Generales de Ordenación Municipal, de tal manera que llegue al 40% en los ayuntamientos más poblados de Galicia. Pese a que la pretensión inicial del Ejecutivo gallego era hacerlo extensible a la totalidad de los ayuntamientos, finalmente ha establecido esa reserva en un 30% para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Estos porcentajes serán de aplicación en todos los suelos que serán desarrollados a medio plazo, es decir, suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables delimitados, pero no en los suelos urbanos consolidados. Además, en el caso de los suelos urbanizables no delimitados, el porcentaje de reserva del suelo para vivienda protegida se elevará hasta el 50%.
ENTRADA EN VIGOR
La conselleira de Política Territorial explicó que a partir de ahora abrirán un período de consultas con los sectores implicados para, posteriormente, enviar el anteproyecto al Consello Económico y Social y tramitar el proyecto en el Parlamento, con el objetivo de que "a finales de año entre en vigor la ley".
El propio texto recoge disposiciones transitorias para regular la adaptación de los PGOMs a la ley. Como norma general, todos los ayuntamientos deberán cumplir con las determinaciones de la ley en suelo urbanizable no delimitado y urbanizable delimitado, tengan o no tengan adaptados sus planes generales a la Ley del Suelo de 2002.
Los que ya lo hayan hecho, mantendrán la reserva de suelo prevista para cada ámbito y deberán aplicar el 30 o 40% de reserva en los nuevos planeamientos. Los que estén revisando el PGOM y no lo hayan aprobado definitivamente, podrán seguir su tramitación sin modificaciones hasta un máximo de seis meses desde la aprobación de la ley.
En cuanto a los planes de desarrollo que estén aprobados inicialmente cuando entre en vigor la ley, tendrán un año para seguir su tramitación con el 20% de reserva actual, pero si pasados esos doce meses no logró la aprobación definitiva, el plan de desarrollo deberá comenzar de nuevo adaptándose íntegramente a la reserva establecida en la ley.
OTRAS MEDIDAS
Además del incremento de las reservas de suelo, la Xunta obligará a la construcción de viviendas protegidas al mismo tiempo que la vivienda de precio libre. En caso de que se incumplan los plazos, el ayuntamiento decretará la inscripción obligatoria en el registro de solares y dos años más tarde decretará la edificación forzosa.
Junto a estas medidas, el Ejecutivo gallego establecerá un mecanismo para crear una bolsa de suelo de titularidad autonómica para vivienda protegida promovida por la Administración autonómica, a través de la cesión del 5% del suelo urbanizable con uso residencial para construir vivienda protegida.
Se tratará de viviendas de titularidad pública que serán ofertadas "exclusivamente" en régimen de alquiler a las rentas con más dificultades. El suelo que se obtenga con esta modificación legislativa quedará inventariado en un registro que se creará para tal efecto.
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO
Otra de las modificaciones que se introducirán también afecta a los ayuntamientos, que actualmente reciben por cesión de los promotores un 10% del suelo urbanizable, que pasa a formar parte del conocido como patrimonio municipal de suelo, cuya finalidad es destinarlo a usos dotacionales, de equipamientos y para vivienda protegida.
"En la práctica, muchos municipios monetarizan ese patrimonio de suelo", explicó Táboas, que anunció que la Xunta establecerá la obligatoriedad de que los ayuntamientos destinen la mitad de ese patrimonio de suelo municipal a la construcción de vivienda con algún tipo de protección.
Asimismo, quedará derogado el artículo de la Ley del Suelo que permitía a los promotores sustituir la cesión de suelo para vivienda protegida por el pago de una cantidad en metálico. Según la titular de Vivenda, esta desaparición "constituye un gran logro a favor de la transparencia en la gestión del suelo por parte de los ayuntamientos".
En esa línea, María José Caride consideró que ha quedado demostrado que "por mucho que se liberalice el suelo, el precio de la vivienda no baja", tras lo cual se mostró segura de que las "medidas progresistas" presentadas hoy "van a contribuir a bajar el precio de la vivienda".
