El PP sostiene que las concesiones irán a los proyectos "más competentes", pero la oposición prevé "un largo recorrido judicial"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Galicia aprobó hoy, gracias a la mayoría absoluta del PPdeG, la nueva ley que regula el aprovechamiento eólico y crea el canon ambiental y el Fondo de Compensación Ambiental, con los votos en contra de los grupos de la oposición --PSdeG y BNG--, que auguraron que se producirá una vuelta a la época de los gobiernos de Manuel Fraga y se "recupera el sistema de adjudicaciones discrecionales".
La nueva ley entierra definitivamente el decreto eólico que había impulsado el bipartito y, según los cálculos de la Consellería de Economía, supondrá ingresos por valor de 1.032 millones de euros en los próximos 20 años para la Xunta, procedentes del canon eólico, frente a los 567 millones del modelo definido por el anterior Gobierno. Además, calcula que se ingresarán, "de modo inmediato", 25 millones de euros.
No obstante, el portavoz del PSdeG en esta materia, Abel Losada, durante el debate en pleno del texto --en el que se rechazaron las enmiendas que mantenía la oposición--, subrayó que el nuevo marco legislativo propiciará que las concesiones se "focalizarán en las grandes empresas españolas".
En la misma línea, el representante del BNG, Fernando Blanco, alertó de que se produce una vuelta "al modelo de la era Fraga, pero disimulado con algunas cuestiones para hacerlo más digestible".
Blanco, que fue conselleiro de Industria durante el bipartito y promovió el decreto eólico que el actual Gobierno paralizó, contrapuso el modelo del PP al impulsado en la anterior legislatura. La política de los 'populares' era la de "la privatización de un recurso en manos de oligopolios que ni dejaban los impuestos en Galicia porque tienen su sede fuera". "El beneficio se iba por las mismas líneas de evacuación", dijo, pues el 90 por ciento de las concesiones las tenían compañías de fuera.
"La ley es una disculpa para que el PP haga lo que quiera con el sector", criticó y señaló que sufrirá un parón y se enfrentará a mayor inseguridad jurídica y a la desaparición de algunas empresas, a las que esta norma "condena". Además, reprobó que la nueva ley pasa "por encima de forma menos rigurosa" en los requisitos medioambientales y es menos respetuosa con los propietarios de los terrenos en los que se instalan aerogeneradores.
Respecto al canon, puso en duda su "certeza jurídica" y alertó de que será "muy difícil de aplicar" pues grava la producción de una energía que está primada por Estado y Unión Europea. Blanco señaló que, si el fondo de compensación se usa para pagar indemnizaciones, la Consellería de Facenda debe "tener en cuenta que el canon no va a llegar".
El objetivo debe ser, agregó, "defender los intereses del país". En el mismo sentido, Abel Losada criticó que "no son éstos los que se defienden" y advirtió de que se producirá un "quebranto para las arcas públicas" si hay que hacer frente a las mencionadas indemnizaciones.
LUCHAS JUDICIALES
Además, el diputado socialista dijo que "adivina" un "largo recorrido de luchas judiciales", dadas las alegaciones presentadas por la patronal eólica y las quejas de adjudicatarios en el proceso anterior.
Losada destacó que se produce "una pérdida de garantías medioambientales" y alertó acerca de que "puede darse el caso de parques eólicos sin ningún tipo de control ambiental", pues el Gobierno gallego se acoge a la normativa estatal, referida a parques de más de 50 aerogeneradores.
Pero, argumentó, la competencia autonómica es para explotaciones de menos de 50 megavatios y los molinos de menor potencia son de 2 megavatios, así que las decisiones de la Xunta se refieren a "parques de unos 25 aerogeneradores".
Asimismo, Losada "adivina" también que, ya que los parques de menos de tres aerogeneradores no pagarán el canon, "se van a fragmentar" para eludir este impuesto. El fondo que se alimentará de este gravamen no cuenta con "razones objetivas para el reparto", prosiguió sus críticas, de modo que esto derivará en "discreccionalidad y arbitrariedad".
"Están trapicheando con el territorio", acusó, en referencia también a los cambios en el plan de acuicultura y afirmó que el Gobierno gallego "actúa en áreas sensibles del territorio defendiendo intereses inconfesables" sin respeto a las Directrices de Ordenación del Territorio, que vendrán "después".
CONCESIONES A LOS MÁS COMPETENTES
Por su parte, el portavoz del PPdeG, Pedro Arias, intervino en el debate para defender que las concesiones se darán a las propuestas "más competentes" y con proyectos "que desarrollan más el tejido del país". "No prejuzguen lo que puede ser después", reclamó a PSdeG y BNG.
El diputado 'popular' se refirió a las "discrepancias" entre las dos formaciones que sustentaban el bipartito. "No fueron capaces de ponerse de acuerdo y se introducen sospechas. Si no fuese por eso, no estaríamos aquí", dijo y agregó que "nadie tiene el patrimonio y el monopolio" de ser "justo, coherente y eficaz" respecto de los intereses del pueblo gallego.
