La CIG critica que el FROB supone "socializar" pérdidas de la banca para devolverla a manos privadas cuando dé beneficio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Federación de Banca e Aforro de la CIG, Clodomiro Montero, criticó hoy el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aprobado por el Gobierno central el Consejo de Ministros del viernes pasado, por considerar que supone una "nacionalización parcial y temporal" de la banca mientras da pérdidas para "devolverla a manos privadas" cuando genere beneficios.

Montero indicó que hay "una crisis en puertas" del sistema financiero español, que llevará a que a lo largo de 2009 y en los dos próximos años algunas entidades comiencen a dar pérdidas. En respuesta a ello, dijo, el Gobierno puso en marcha este fondo, con un "monto total de 100.000 millones de euros" --la dotación inicial es de 9.000 pero el endeudamiento máximo previsto es de 90.000 millones--.

A estas cantidades, prosiguió, hay que sumar los 32.000 millones que ya recibió la banca, lo que situaría en 2.650 euros el dinero aportado por habitante. "Estamos ante el mayor plan de rescate de toda Europa", afirmó y agregó que estas medidas se adoptaron pese a que, tras la primera inyección de dinero público, las entidades financieras "no están cumpliendo su papel ni financiando a las familias".

De este modo, consideró que el FROB supone "socializar las pérdidas y que, cuando retomen los beneficios, el Estado saldrá del capital de esas entidades y volverán a manos privadas".

"Estamos ante una reconversión por decreto", censuró y aseguró que lo que se pone en marcha es "una reestructuración pura y dura del sector financiero, en la que ya se habla abiertamente de que sobra el 30% del personal", lo que representa unas 75.000 personas.

"SILENCIO" DE LA XUNTA

Además, denunció Montero, el decreto supone una "invasión" de las competencias autonómicas, que en materia de cajas de ahorros son "exclusivas de la comunidad autónoma". Al hilo de ello, criticó el "silencio" del Gobierno gallego ante la posibilidad de que el Estado obligue a la fusión de entidades de distintos territorios.

Tampoco las direcciones de Caixa Galicia y Caixanova se pronunciaron "claramente" ante los trabajadores, dijo, respecto a la posibilidad de que "desaparezcan absorbidas" por otras entidades foráneas y pierdan, de este modo, el "carácter gallego" y, con el mismo, la sede central en Galicia y los puestos de trabajo de los servicios centrales, que representan 5.000 empleos.