SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cobre San Rafael ha afirmado que recibió 6.000 alegaciones positivas en el período de información pública del proyecto de la mina de Touro y ha reiterado que "mantienen las puertas abiertas al diálogo".
Así lo ha trasladado la empresa en una nota dirigida a los medios horas después de que la Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro-O Pino denunciase en rueda de prensa lo que califican como una "estrategia intimidatoria" de la Xunta para dificultar la participación ciudadana en el proceso administrativo del proyecto.
Y es que, la representante de la plataforma, Che Cancelo, acompañada de miembros de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Ulloa Viva, Adega y la CIG, ha asegurado que la Administración autonómica está "cuestionando el derecho básico de la ciudadanía a participar", tras el envío de requerimientos a miles de personas que se posicionaron en contra del proyecto para que justifiquen por qué son parte interesada. "Somos parte interesada porque vivimos aquí, porque bebemos agua del río Ulla y porque la ría de Arousa forma parte de nuestro sustento", enfatizaron las plataformas.
En este contexto, la empresa ha subrayado que el Proxecto Cobre San Rafael es una iniciativa concebida bajo los "más altos estándares de responsabilidad, sostenibilidad y respeto por el entorno".
Así, en el marco de su "compromiso con la transparencia y la participación ciudadana" y en relación al proceso de tramitación do Proxecto Industrial Estratéxico (PIE), ha expresado que durante el período de información pública recibieron 6.000 alegaciones positivas en plazo. "Lo que refleja el firme apoyo de miles de vecinos y entidades", ha destacado.
Cobre San Rafael ha asegurado que la tramitación de un proyecto minero implica el cumplimiento de cientos de "exigentes requisitos legales, ambientales y técnicos", lo que hace de estas iniciativas "procesos altamente garantistas" y sometidos al "máximo nivel de escrutinio" por las administraciones.
En este sentido, ha remarcado que cuenta con "cientos de informes técnicos especializados y una documentación que supera ampliamente las miles de páginas". Además, ha afirmado que todo este proceso contó con respaldo científico y la colaboración de equipos de las universidades en particular de las universidades públicas gallegas y del Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
Con todo, la compañía ha reiterado que mantiene las "puertas abiertas al diálogo" y que el proceso de información pública es una "oportunidad" para aportar datos "rigurosos" y fomentar un debate "constructivo". "Nuestro objetivo sigue siendo trabajar mano a mano con la comunidad para mostrar los beneficios ambientales, sociales y económicos del proyecto, siempre con un enfoque responsable, objetivo y transparente", ha concluido.
MINEROS DE TOURO-O PINO
Por otra parte, la Asociación de Mineros de Touro-O Pino también ha reaccionado a las declaraciones de la plataforma en contra del proyecto, manifestando su "sorpresa" ante las quejas y solicitando a la Administración que "no se deje presionar" y actúe con "responsabilidad y rigor".
Según han trasladado en una nota de prensa, tienen conocimiento de que la campaña de alegaciones se realizó de forma conjunta con la del proyecto de Altri. "Recogiendo firmas de personas que ni son de la comarca ni conocen la realidad del proyecto", ha criticado.
La asociación ha recordado que los procesos de información pública y alegaciones son "herramientas democráticas" para mejorar los proyectos y "no tiene sentido intentar colapsar" la administración presentando cientos de alegaciones idénticas firmadas por gente que ni es de la zona ni sabe que se va a hacer.
"El futuro de Touro y O Pino debemos decidirlo los que vivimos y trabajamos aquí", ha destacado, asegurando que los más de 1.800 socios de la Asociación de Mineiros Touro-O Pino piden "responsabilidad y rigor" a la Administración y que "no se dejen presionar por personas que no tengan ninguna relación con el proyecto ni con la zona".
Para la asociación de mineros, las autoridades deben evaluar el proyecto con criterios técnicos y dar para adelante con una iniciativa que generaría "puestos de trabajo y riqueza para la comarca".
Igualmente, le exigen a la empresa que lo desarrolle "con todas y cada una de las garantías medioambientales" y cumpliendo "estrictamente la ley", además de que continúe con el diálogo "abierto y transparente" con las asociaciones, vecinos de Touro e O Pino.