La Comisión de DD.HH. filipina ve "inaceptable" el retraso en la detención de los acusados por la muerte de Diego Bello

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ha mostrado una "profunda preocupación" por el retraso "inaceptable e inadmisible" en la detención de los policías acusados de asesinar al coruñés Diego Bello.

   En un comunicado, la directora ejecutiva de la Comisión, Atty Jacqueline Ann de Guia, señala que la demora, pese a haber sido informados los policías acusados de los cargos que existían contra ellos y haberse emitido una orden de arresto el 25 de marzo, "va más allá de la prontitud razonable requerida para una Administración de Justicia efectiva".

   "Retrasos inadmisibles en procesos legales por no cumplir órdenes de arresto provocan el colapso del sistema de justicia e impiden proporcionar, en tiempo y forma, una reparación legal al agraviado", asegura la responsable filipina.

   Es por este motivo que urge a la Policía Nacional de Filipinas a concentrar todos sus esfuerzos en localizar a los acusados de forma que los procedimientos legales abiertos puedan continuar su curso y "ambas partes, los acusados y los agraviados, puedan buscar una solución en las Cortes".

"SISTEMA JUDICIAL IMPARCIAL"

   La directora va más allá y en su comunicado alude a la salud de la democracia y a la relación que, gracias a un sistema judicial imparcial, puede tener Filipinas con otros países democráticos.

   Insiste en que una "veloz e imparcial" resolución de casos es importante para asegurar "la mejora del sistema judicial del país", sobre todo respecto a casos en los que se vulneran derechos humanos. "Esto es fundamental en un país democrático como el nuestro, que debe estar obligado a respetar, proteger y satisfacer los derechos de los ciudadanos", argumenta.

   Con esto, continúa, Filipinas puede "albergar buenas relaciones con otros Estados" y continuar recabando apoyos para acuerdos de comercio, económicos y de ayuda técnica.

   Advierte, para concluir, que la Comisión continuará vigilando el caso, "cumpliendo así el mandato independiente como Institución Nacional de Derechos Humanos para proteger y promover los derechos humanos y la dignidad en el país".