La iniciativa se marca como objetivos la Tesorería de la Seguridad Social, la expedición del DNI o el Servicio Público de Empleo
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha pedido este martes al Gobierno, con el rechazo del PP, la presentación de un proyecto de ley antes de julio del próximo año que amplíe el uso de las lenguas cooficiales y así reconozca la iniciativa de los ciudadanos para poder dirigirse en cualquiera de estos idiomas a determinados organismos del Estado.
En una enmienda transaccional pactada por PNV y PSOE a raíz de una moción presentada por los nacionalistas vascos, la Cámara Baja insta al Ejecutivo a la redacción de una norma que permita a los ciudadanos la utilización de la lengua de su comunidad autónoma para realizar trámites y consultas en órganos de la Administración General del Estado, como la Tesorería de la Seguridad Social, la expedición del DNI, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Agencia Española de Protección de Datos o el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
El Pleno del Congreso ha votado esta iniciativa para que el Gobierno presente un proyecto de ley antes de que finalice el próximo periodo de sesiones, es decir, antes de julio del año que viene, para que pueda tramitarse y aprobarse antes de la disolución de las Cortes a principios de 2012 con motivo de las elecciones generales.
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ya anunció la semana pasada que el Ejecutivo estaba trabajando en una norma que reconozca el derecho de los ciudadanos a dirigirse en cualquiera de las lenguas cooficiales en ciertos órganos de la Administración, aunque no dio fechas concretas.
UTILIZACIÓN EN LA PRÁCTICA
Pero independientemente de la redacción de ese proyecto de ley, el Congreso ha pedido este martes que en el próximo periodo de sesiones se vayan adoptando en la práctica las lenguas cooficiales para determinados organismos y así, por ejemplo, que la información que den los ayuntamientos al Sistema Red de la Tesorería de la Seguridad Social "pueda volcarse en cualquiera de los idiomas existentes en cada comunidad autónoma".
También ha reclamado que "los actuales impresos, modelos y formularios en soporte físico de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes que se ponen a disposición de los ciudadanos en los territorios de las comunidades autónomas con lengua cooficial estén traducidos a las lenguas cooficiales a lo largo del próximo periodo de sesiones".
En ese mismo plazo también ha solicitado que la oferta de contenidos y servicios en lenguas cooficiales en las comunicaciones electrónicas en el INSS, la Agencia Española de Protección de Datos y el SPEE, así como que el servicio de expedición del DNI se ofrezca en estos idiomas.
Por último, la Cámara Baja ha pedido al Gobierno que el Ministerio de Justicia adopte "las medidas necesarias para que en el próximo periodo de sesiones esté implantada en los distintos idiomas oficiales la aplicación INFOREG en todos los registros civiles informatizados" para las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, tutelas y representaciones legales.
REGULAR UN DERECHO
Al defender esta iniciativa, el diputado del PNV Aitor Esteban ha explicado que el objetivo es que los ciudadanos puedan realizar la mayoría de sus trámites habituales en su lengua, y ha defendido la petición de un proyecto de ley que pueda "regular la utilización de los idiomas así como las obligaciones de la Administración y los derechos de los ciudadanos".
Desde el Grupo Socialista, el partido que ha pactado con el PNV el texto de esta iniciativa, el diputado Óscar Seco ha subrayado que la moción aprobada asegura que en la actual Legislatura se reconozca "el derecho de los ciudadanos a relacionarse en su lengua con la Administración".
También el ponente de ERC Joan Tardá dio su apoyo a esta iniciativa, calificando de "sorpresa agradable" el anuncio que hizo Chaves la semana pasada, mientras que el diputado del BNG Francisco Jorquera ha definido la moción como "fundamental para avanzar en el reconocimiento de la diversidad lingüística".
Por su parte, Jordi Jané, de CiU, ha señalado que la moción demuestra que sólo se han realizado "tímidos avances" en el uso de las lenguas cooficiales a la hora de dirigirse a la Administración General del Estado, algo que considera una "asignatura pendiente" que espera que esta vez no quede "pendiente en un cajón".
La moción no ha contado con el apoyo del Grupo Popular, que en palabras de su portavoz Arturo García Tizón ha recordado las "dificultades técnicas" que contiene la iniciativa y que ya nombró el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1990, y ha defendido que las lenguas cooficiales se acepten en el ámbito de las administraciones autonómicas, pero que en el caso de la estatal "no se exige el deber de cooficialidad" porque "el castellano sirve para todo el conjunto del Estado".
