SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio y del Litoral aprobada hoy por la Xunta de Galicia impedirá la construcción en unas 3.000 hectáreas del litoral, que representan el 13 por ciento del suelo urbanizable de los municipios costeros, pero abre la posibilidad de ubicar infraestructuras de producción de energías renovables en suelo rústico.
En la rueda de prensa posterior al Consello que dio luz verde a esta normativa, que suspenderá los nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros de costa, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, confió en poder aplicarla en unos dos meses, puesto que el texto se abordará en el Parlamento mediante el trámite de urgencia.
En consecuencia, su entrada en vigor coincidirá en plena precampaña de las municipales, una circunstancia de menor consideración para Touriño, quien defendió que su Gabinete "gobierna en defensa del interés general, no en función de la agenda electoral". "No sé si sería más cómodo esperar a después del 27 de mayo", declaró, tras lo que subrayó que "era un ley urgente".
Así, el mandatario reivindicó el "calibre" de la normativa, puesto que aspira a "introducir sensatez" en la ordenación territorial cuando los planes previstos para los próximos meses en el litoral apuntaban a una ocupación de unos 220 millones de metros cuadrados, una superficie que iguala a toda la construida en la costa gallega. "Lo que en la historia acumulamos, con la potentísima presión urbanística se pretendía duplicar", alertó.
MEDIDA RELEVANTE
Por ello, mantuvo que la ley, en la que la Consellería de Política Territorial trabajó "con intensidad", supone "la medida más relevante a disposición de la comunidad como instrumento de desarrollo, crecimiento económico y protección del litoral". "La costa vuelve a ser patrimonio de todos, se acabó el 'vale todo'", prolamó, tras lo que añadió que "serán los gallegos lo que puedan poner en valor de manera ordenada uno de los bienes más preciados".
No obstante, subrayó que la normativa tan sólo afectará al 1 por ciento del suelo urbanizable de toda Galicia y al 13 por ciento del de los municipios del litoral, unas 3.000 hectáreas, en los que se "ordenará la expansión protegiendo el litoral".
De igual modo, recordó que, una vez entre en vigor, la ley suspenderá todos los desarrollos urbanísticos en los 500 metros de costa de forma transitoria, hasta que los ayuntamientos adapten sus planes municipales a la normativa de 2002 --actualmente sólo once lo han hecho--, o bien hasta la aplicación del Plan del Litoral que actualmente elabora Política Territorial.
Con todo, el texto prevé un período de dos años, prorrogable a uno más, para mantener la paralización de la construcción. Este procedimiento ya se utilizó en otras autonomías, como Cataluña, Cantabria y Asturias, para preservar el litoral mientras no aprobaron un reglamento definitivo.
ENTRE LAS PIONERAS
Por ello, Touriño valoró que Galicia se sume a las "comunidades pioneras protección de la costa" y garantice el "servicio a la calidad de vida y del medio ambiente del país". Así, la medida afecta a 87 municipios --48 de A Coruña, 30 de Pontevedra y nueve de Lugo--, ya que no sólo se incluyen los costeros, sino aquellos que lindan con ríos afectados por la interacción de las mareas.
Además, en los menores de 50.000 habitantes, las limitaciones se extenderán a los terrenos que, pese a estar clasificados como suelo urbano, no reúnan los requisitos de suelo urbano consolidado y, en todo caso, a los terrenos incluidos en polígonos, unidades de actuación o de ejecución.
A mayores, otra de las novedades es la modificación de un artículo de la Ley del Suelo elaborada por Política Territorial en la época de Xosé Cuíña, por la que se abre la vía a la construcción en suelo rústico de infraestructuras de producción de energía renovable, principalmente la solar fotovoltaica. Al respecto, Touriño precisó que la previsión se restringe a ésta y rechazó la posibilidad de proceder a instalaciones eólicas.
El nuevo texto integra también los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de la redacción del planeamiento de un ayuntamiento, lo que permitirá agilizar el proceso, al tiempo que capacita a la Xunta a emplear los planes de incidencia supramunicipal para promover viviendas protegidas.
VIVIENDA PROTEGIDA
En consecuencia, el Gobierno gallego amplía sus posibilidades para impulsar planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, que hasta ahora estaban limitados a regular la implantación territorial de suelo destinado a infraestructuras, dotaciones e instalaciones de interés público o utilidad social cuya incidencia trascienda más allá de un término municipal.
Asimismo, recoge la creación del Instituto de Estudios del Territorio, que surge con el objetivo de prestar asistencia y asesoramiento a los ayuntamientos para elaboración y adaptación de sus planeamientos. "Queremos que hacer un plan urbanístico no sea un concurso de tiro al plato", adujo Touriño.
Además, el presidente reivindicó su interés por "integrar al conjunto del territorio" y, por ello, puso en valor la medida independientemente de las consecuencias electorales. "No gobernamos en función de la agenda electoral", subrayó, tras lo que proclamó que "todas las materias, pero la de urbanismo más que ninguna otra, deben estar salvaguardadas de cualquier utilización electoral".
En este sentido, declaró que si el bipartito estuviese pendiente de los efectos de sus decisiones en los resultados partidarios "no habría tomado ninguna de las medidas que se toman" y concluyó que, mientras no se aplique la ley del litoral, empleará "los instrumentos legales que están en vigor" para evitar una construcción masiva en los próximos dos meses.