SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El cónsul de Filipinas en España, Eric P. Valenzuela, ha accedido a recibir este martes 20 de septiembre a la madre de Diego Bello y presidenta de la asociación 'Justicia para Diego', que esta semana pedía ser recibida por el representante filipino para entregarle una queja formal en la que denuncian la "tardanza" en la detención de los tres policías acusados de asesinar al joven coruñés en enero de 2020.
La madre de Diego, Pilar Lafuente, se reunirá con Valenzuela a las 12,30 horas en la embajada, en Madrid, tal y como ha confirmado la propia familia.
Amigos y familiares, así como representantes de diversos grupos políticos y asociaciones se concentrarán a las puertas de la embajada para apoyar la petición de la presidenta de la asociación.
"ENCUBRIMIENTO CLARO"
Presentarán una queja formal por la dilación de la policía filipina en la entrega a la justicia de los tres agentes acusados de haber asesinado al joven coruñés. Y es que, tal y como recuerdan, hace seis meses que un juzgado de Surigao del norte --región a la que pertenece la isla de Siargao, donde Diego fue asesinado--, ordenó la detención del Mayor Vicente Panuelos y los sargentos, Nido Boy Esmeralda y Ronez Azarcón.
Los policías continúan en paradero desconocido "pese a la gravedad de las acusaciones que pesan contra ellos", ya que se les imputa también un delito de falsificación de pruebas por haber acusado al coruñés de traficar con drogas y haber disparado a los agentes.
Esta orden se basó en las investigaciones del National Boreau of Investigation -similar a la Fiscalía española-- que, en base a la autopsia, pruebas documentales y testimonios, consideró "inverosímil" la versión ofrecida por los ahora acusados del asesinato.
Ante esto, la asociación entiende que la Policía filipina "está encubriendo claramente" a los agentes, "desobedeciendo un mandato judicial e intentando entorpecer la acción de la justicia".
Avanzan además que pedirán al Gobierno español que haga cumplir el acuerdo unánime de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que en noviembre de 2020 acordó pedir a Filipinas el esclarecimiento de los hechos, solicitando además que se impidiese la huida de los culpables.
