PSdeG y BNG abandonan el grupo de trabajo para diseñar un código ético en la institución provincial al no aceptar el PP sus condiciones
OURENSE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El criterio a seguir con concejales y diputados provinciales imputados han generado este martes posturas internas diferentes de cargos ourensanos de PP y PSOE en función del lugar del pronunciamiento: el ayuntamiento o la diputación. Con todo, el alcalde de la ciudad, Agustín Hernández (PSOE), y el titular de la Diputación, Manuel Baltar (PP), sí han coincidido en "mantener siempre la presunción de inocencia y respetar las actuaciones judiciales".
Las distintas posturas se explicitaron en el Ayuntamiento, pero también tras la primera reunión para elaborar el código ético de la institución provincial, una cuestión en la que PSdeG y BNG han decidido dejar sólo al PP. Así, sólo los populares integrarán el grupo de trabajo para articular este documento en las otras dos reuniones previstas para el miércoles y el jueves.
Al salir de la reunión, que se prolongó en torno a 30 minutos, el presidente de la Diputación y del PP provincial ha defendido la permanencia de los diputados imputados "y de cualquier cargo en cualquier institución". "Tengamos en cuenta el caso reciente del alcalde de Baltar y diputado, absuelto dos veces", ha ejemplificado.
Frente a esta postura del presidente provincial, el vicepresidente de la Diputación y concejal portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, lleva meses pidiendo la dimisión del alcalde de la ciudad y de las ediles imputadas en varias causas abiertas por denuncias del propio PP, por DO, representantes sindicales y por un promotor local.
UNA CUESTIÓN "INNEGOCIABLE"
Por su parte, el PSOE de la Diputación se ausentó de la mesa de trabajo, según su portavoz Ignacio Gómez, porque presentó como "innegociable" para participar en ella que los diputados imputados y condenados "fuesen apartados cautelarmente de los órganos de Gobierno provinciales" y se refirió, en concreto, al alcalde de Barbadás, condenado al pago de una sanción por fraude fiscal o el alcalde de Xinzo de Limia, imputado en dos causas penales y ya sentenciado en el contencioso-administrativo por "desviación de poder".
Gómez ha aludido también al alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, imputado en la Operación Pokemon, y a otro alcalde "que cobró dietas dobles por acudir a instituciones diferentes en el mismo día", en alusión directa al alcalde de Chandrexa de Queixa y diputado provincial.
En la misma rueda de prensa, la también diputada y concejal socialista en Ourense, del grupo de díscolos, Mónica Vázquez, respondió a preguntas sobre la misma cuestión y dijo que un cargo público imputado "no debería formar parte de ningún órgano representativo de ninguna institución".
Por su parte, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, está imputado en la causa abierta por las obras de la calle Bedoya en 2008, con toda la Junta de Gobierno que las adjudicó cuando era edil de Hacienda, e investigado en otras denuncias de DO y PP. Tanto él como las ediles de Benestar Social y Urbanismo, imputadas por varias causas abiertas sobre sus áreas, se mantienen como miembros de la Junta de Gobierno.
En una rueda de prensa de esta misma mañana, anterior a las de la Diputación, el alcalde criticó, una vez más "a los que criminalizan la vida administrativa del Ayuntamiento sólo para conseguir imputaciones por la vía penal e intentar así derribar gobiernos".
CESE FULMINANTE
Por su parte, el BNG también asistió a la primera reunión para elaborar el código ético que tendrá la Diputación Provincial de Ourense para plantear sus condiciones "irrenunciables", de las que la primera es "la dimisión de los diputados relaciones con casos de corrupción, y si no dimiten que el presidente los cese fulminantemente, o que fuerce su dimisión o que los retire del grupo de Gobierno", según el portavoz nacionalista Xaime Iglesias.
"Sólo si se acepta esto, el presidente demostrará que esto no es una farsa ni una cortina de humo y pondremos sobre la mesa nuestras propuestas ya trabajadas para el código ético y para mejorar la visión que los ciudadanos tienen de esta institución", ha añadido.
Los tres portavoces y el presidente entraron a la primera mesa de trabajo alrededor de las 13,00 horas y 20 minutos después, BNG y PSOE la abandonaron porque sus condiciones no fueron aceptadas, aunque el PSOE, según su portavoz, dejó un escrito con sus propuestas.
REPROCHES DE BALTAR
Por su parte el presidente de la Diputación José Manuel Baltar, ha respondido a preguntas de los periodistas al salir de la reunión y calificó la postura de la oposición de "juego demagógico" en el que ha afirmado no estar.
"Pasaron 35 días desde que presenté la propuesta de código ético antes del pleno, y no hubo ni una sola aportación de la oposición, salvo la del PSOE que votó a favor de la elaboración, y ahora dice que hay cuestiones innegociables, mientras que el BNG se abstuvo en aquel pleno y hoy vino para dar a conocer su propuesta de que se deben forzar dimisiones de diputados", ha remarcado.
Por último, ha esgrimido que ninguno de los diputados está "imputado por actuaciones derivadas de su papel de diputado provincial" y reclamó "prudencia" tras recordar la absolución del alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo.
Baltar ha agregado que ningún código ético "de ninguna institución" regula este tema, pues no es un código penal, y esa regulación corresponde a los propios partidos. Ha recordado que el código ético de la Diputación provincial quedará aprobado en el pleno del mes de abril.
"Si el PSOE aplicara en el Ayuntamiento de Ourense lo que quiere en la Diputación, sobre apartar a los imputados de los órganos de Gobierno, no sé quién quedaría en la Junta de Gobierno municipal", ha reprochado.
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