Actualizado 04/10/2007 00:48 CET

Debate.- La Cámara pide por unanimidad una tarifa eléctrica "diferenciada, propia y justa" para Galicia

PSdeG y BNG reclaman un gran pacto social por el gallego sin el apoyo del PP, que les acusa de romper el consenso lingüístico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos del Parlamento gallego aprobaron hoy una propuesta de resolución presentada por el PP en la que instan a la Xunta a que haga las gestiones necesarias con el Gobierno central para que Galicia cuente con "una tarifa eléctrica diferenciada, propia y justa" con la realidad energética gallega y que esté "exenta, al menos, del pago de los peajes por transporte de la energía eléctrica".

La aprobación por unanimidad de esta iniciativa se produce después de que la Xunta ratificase ayer que en 2008 se pondrá en marcha el canon autonómico que gravará el agua que utilizan las hidroeléctricas en las 24 presas hidráulicas que Iberdrola, Fenosa y Endesa tienen en Galicia. Los embalses gallegos disponen de una capacidad de 2.800 megavatios de potencia eléctrica, la segunda más elevada de España.

Esta iniciativa es una de las 30 resoluciones que se aprobaron hoy por unanimidad en la Cámara en el Debate sobre el Estado de Autonomía, junto a otras 16 que salieron adelante con los votos a favor de la mayoría parlamentaria que forman socialistas y nacionalistas.

Entre estas últimas, PSdeG y BNG sacaron adelante con la oposición del PP la apuesta por un "gran pacto por la lengua gallega", que implique no sólo a las fuerzas políticas sino también a agentes sociales, medios de comunicación, empresas y sindicatos.

En su último turno de palabra, el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, volvió a acusar al Gobierno de "romper el consenso" en esta cuestión y recordó que él también ofreció un acuerdo, rechazado por los grupos que sustentan al Ejecutivo, para que "los padres decidan en qué idioma educan a sus hijos". Por contra, el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, acusó al Partido Popular de "gallegofobia y falta de rigor".

En cambio, socialistas y nacionalistas sí contaron con el apoyo del PP en su propuesta para pedir a la Xunta que "intensifique el proceso de diálogo con el Gobierno del Estado para avanzar en la transferencia" de las competencias en salvamento marítimo o inspección de trabajo, entre otras.

"Asumimos sin complejos que somos gallegos, demócratas y defendemos el autogobierno", proclamó Aymerich, a lo que Núñez Feijóo replicó que su grupo también presentó una resolución encaminada a "buscar fórmulas para mejorar el autogobierno" que, no obstante, fue votada en contra por PSdeG y BNG.

REFERÉNDUM.

En las dos últimas intervenciones de los 'populares', tanto su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, como su líder, centraron sus críticas en el rechazo de socialistas y nacionalistas a dos iniciativas en las que se mostraban contrarios a la celebración de consultas sobre autodeterminación y reclamaban que la Xunta se dirigiese al Gobierno central para "pedirle el estricto cumplimiento de la legalidad".

"Ni España ni Galicia están en peligro, ni siquiera ustedes las ponen en peligro", les espetó el portavoz del PSdeG, Ismael Rego, que atribuyó esta "estrategia a las directrices de Génova" y a "los problemas del Partido Popular con los ciudadanos".

En esta misma línea se expresó Aymerich, que ironizó con que los 'populares' gallegos "se entrenan para llegar a ser como los de Madrid, pero no lo consiguen". Así, aludió en tono sarcástico a un extracto de la intervención de Ruiz Rivas, en la que hablaba de España como una "entidad territorial". "Eso es casi como una parroquia, nosotros por los menos le llamamos Estado", contestó.

APOYO DE LOS POPULARES.

En materia lingüística, el PP sí apoyó a socialistas y nacionalistas en la resolución que insta a la Xunta a que elabore y apruebe una normativa de usos lingüísticos del Ejecutivo gallego, que garantice en todas las administraciones un instrumento de regulación de los usos lingüísticos en este ámbito.

Otras de las propuestas de los grupos que apoyan al Gobierno que recibieron el respaldo de los populares fueron las de propiciar el desarrollo de la industria aeronáutica gallega, intentar mejorar la gestión de recursos para lograr su sostenibilidad con la creación de reservas marinas y que se aumenten los espacios protegidos de Galicia, entre otras.

Mediante transacciones de procedentes de oposición y grupos de gobierno, los diputados solicitaron a la Xunta que antes de fin de año ponga en marcha el Instituto de Estudos do Territorio y la Axencia de Protección da Legalidade, además de defender una redistribución de los derechos de producción de leche y de las ayudas directas a nivel de la Unión Europea "con criterios de carácter social", entre otras medidas vinculadas al sector lácteo.

OTROS ACUERDOS.

Entre las medidas de impulso a la actividad de la Xunta, el PP no apoyó a PSdeG y BNG para reclamar que el Ejecutivo gallego ponga en funcionamiento la Axencia Galega de Emerxencias, aunque todos los grupos estuvieron de acuerdo en que presente en el actual período de sesiones el plan director de atención y gestión de las emergencias de Galicia.

Asimismo, a instancias del PP, el Parlamento reclamó al Gobierno gallego que culmine en 2008 el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia y que antes de que acabe el año ofrezca a la Cámara un avance del Plan sectorial de Vivienda. En materia sanitaria, pidió una mayor capacidad de resolución de los problemas de enfermería en atención primaria y que la cobertura asistencial de cuidados paliativos alcance el 80 por ciento en esta legislatura.

Los grupos también pidieron como consecuencia de las propuestas populares un incremento en la protección y conservación de los Caminos de Santiago, una campaña de promoción de la cultura del vino y actuaciones que incidan en la concienciación de la juventud sobre los peligros del alcohol en la conducción.

También hubo unanimidad de la Cámara para instar a la Xunta a que apoye a los deportistas en su preparación para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y que potencie la práctica del deporte escolar. Finalmente, reclamaron al Ejecutivo a que "agilice y recorte" los plazos para cumplir la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas con la licitación de las depuradoras.