BNG y PSdeG cargan contra un "chiringuito", mientras el Gobierno gallego defiende que "no tiene el control público" con una participación del 30%
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La oposición ha llevado al Parlamento gallego la "opaca" entidad público-privada Recursos de Galicia, a la que tildan de "chiringuito" en el que la Xunta buscó "huir" de los controles públicos. En cambio, el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, se ha escudado en que se trata de una sociedad "privada" en la que Xunta solo cuenta con el 30% del capital, por lo que "no es una mercantil que forme parte del sector público autonómico".
En la Comisión de Industria, tanto BNG como PSdeG han llevado sendas preguntas para pedir explicaciones a la Xunta sobre lo que consideran una sociedad con "cero transparencia". Así, han esgrimido el reciente "tirón de orejas" del informe del Consello de Contas en el que pide al Gobierno gallego transparentar y someter a control público tanto la actuación de Recursos de Galicia como de la sociedad Impulsa.
Brais Ruanova (BNG) ha alertado de que es "imposible fiscalizar" a Recursos de Galicia, que crearon antes de la propia ley de beneficios de proyectos naturales que la ampara porque tenían "mucha prisa" en "repartir carguitos". Censura que la Xunta se niega a controlar una sociedad que tenía como sede social en su creación "dependencias de la Administración gallega", además de una participación pública del 30%, con la Xunta como principal accionista.
El diputado nacionalista identifica la "política de despachos y con cero transparencia" de la Xunta también con lo que ocurre con la sociedad Impulsa Galicia, de creación "abrupta y opaca" que cuenta con un "acuerdo secreto" con la "megacelulosa" de Altri. Lamenta que Recursos de Galicia va a elegir "dónde es adecuado asentar una mina" de espaldas a un control público, al tiempo que ha lanzado dudas sobre el "baile de cifras de inversiones" que ofrecen estas empresas.
"No querían los controles públicos", ha denunciado la diputada socialista Patricia Iglesias para resumir la actuación de la Xunta con esta entidad en cuyo consejo de administración se sientan conselleiros, pero en la que no hay "rendición de cuentas" a lo público ni en selección de personal o contratación externa.
Iglesias se pregunta "qué tiene que esconder" el Ejecutivo de Alfonso Rueda para tal "opacidad", pues acusa a la Xunta de "huir" del derecho administrativo con esta sociedad. Recrimina que Contas confirma "auténticos chiringuitos sin control publico", un ente fiscalizador que solicitó los pactos entre socios pero "no se le entregó".
También ha arremetido la diputada socialista contra que "ninguna de las promesas del CEO optimista" de Recursos de Galicia "se cumplieron". "Tampoco fue eficiente", reprende.
LA XUNTA DEFIENDE QUE SE CUMPLE LA LEY
Enfrente, el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, acusa a la oposición de "jugar al despiste" y remarca que este es un "Estado de derecho" en el que la Xunta cumple la ley, por lo que Recursos de Galicia se trata de una empresa "privada" que no se rige por la ley de administraciones pública gallegas.
Defiende que la participación "minoritaria del 30%" de la Xunta "supone que no tiene el control público", con tres miembros del Gobierno gallego en un consejo de administración con 15 componentes. Indica que la selección del consejero delegado (CEO por sus siglas en inglés) no se hizo por una selección de empleo público, sino por una entidad de "búsqueda de talento y perfiles de directivos", al igual que para el resto de personal se buscaron "perfiles idóneos".
Sobre el informe de Contas, Vázquez afirma que, "sinceramente, hace consideraciones erróneas". Afea que el órgano fiscalizador se base en "medios de comunicación", lo que ve un "curioso" razonamiento en el que echa falta mayor peso jurídico. Agrega que el Gobierno gallego "no está conforme con la interpretación que se está haciendo" por parte del Consello de Contas.
Admite que Recursos de Galicia se creó antes de la ley de beneficios de proyectos naturales, pero se hizo "sin incumplir ninguna normativa", solo para "ir rápido" en su funcionamiento.
"No es que vaya a controlar dónde se implanta una mina", replica el alto cargo de la Xunta, sino que es una sociedad privada que va a actuar en el mercado pero con "fines distintos y más beneficios de cara a la sociedad gallega que otras sociedades que estén operando en el mercado".
"¿Dónde ven ustedes que se están pasando a Recursos de Galicia potestades públicas?", se pregunta. "Tratamos de liar para que después estemos todos perdidos en esta vorágine", reprocha Nicolás Vázquez a la oposición.