Las dos mujeres de A Pobra do Brollón acusadas de estafar a una vecina octogenaria alegan que "solo" quisieron ayudarla"

LUGO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dos mujeres de A Pobra do Brollón (Lugo) acusadas de estafar a una vecina octogeneria han afirmado que "solo quisieron ayudarla" en la segunda y última jornada del juicio celebrado en la Audiencia Provincial.

Dividido en dos jornadas, esta segunda sesión ha contado con la declaración de las dos acusadas, para las que la fiscalía pide cuatro años de cárcel. Las dos solo han respondido a preguntas de sus abogados y han negado los hechos asegurando que la mujer temía a sus sobrinos y que ellas unicamente quisieron ayudarla.

Un elevado número de testigos han comparecido durante estas dos jornadas, en las que se ha hecho un relato de los hechos del que se extrae que la mujer, hoy ya fallecida, fue la encargada de cuidar de sus hermanos, que le legaron parte del patrimonio.

Posteriormente, con la edad, inició un proceso de deterioro cognitivo y mental que la llevó a numerosos brotes de agresividad contra los vecinos y familiares con los que trataba. Debido a ello, de común acuerdo los sobrinos y la trabajadora social, fue ingresada en una residencia de mayores de O Barco de Valdeorras, donde permaneció escasamente un mes.

A partir de ahí, las versiones se dividen. Por una parte, la acusación dice que las dos acusadas, amigas y vecinas de la anciana, acudieron al centro, de donde la sacaron para llevarla a vivir con una de ellas, en una casa del término municipal de Monforte.

Durante este tiempo, según la Fiscalía, "con un plan preconcebido y movidas por el ánimo de obtener un ilícito beneficio", habrían influido en ella para que les donara tres fincas, dos en A Pobra de Brollón, en la localidad de Vilachá, y otra en Monforte, en el lugar de Carud. Asimismo, acudió en una ocasión al banco para retirar 2.000 euros.

Después de estos hechos, las dos mujeres supuestamente abandonaron a la anciana en el hospital de Comarcal de Monforte asegurando no poder hacerse cargo de ella más tiempo, por lo que fue después ingresada en la residencia de mayores de Chantada, donde falleció en 2019 después de que se le hubiese declarado su incapacidad total.

Sin embargo, las dos acusadas negaron con rotundidad los hechos asegurando que fue una de las abogadas de la defensa, que actuaba como representante de la anciana, la que la sacó de la residencia llevándola a su casa. Ambas han afirmado que solamente la cuidaron, alejándola de sus sobrinos, "porque les tenía miedo" y manteniéndola fuera del centro ourensano, en el que no quería estar, "y en el que la habían metido en contra de su voluntad".

Las dos acusadas, amigas y vecinas, también han coincidido en señalar que la decisión de ir al notario y legarles las fincas fue de la anciana, que quiso hacer un testamento nada más dejar el geriátrico.

Esta versión dista de la que ofreció la familia en la primera jornada, en la que aseguró que la mujer tuvo siempre el cuidado y supervisión de los diferentes miembros de la familia y que fue ingresada por primera vez en la residencia porque no se tomaba la medicación, era agresiva y no estaba bien alimentada, entre otras muestras de deterioro.

Los familiares han señalado que tanto de la cesión de las fincas como del dinero fueron conocedores, una vez la anciana volvió a estar ingresada en el geriátrico. Todos estos puntos fueron corroborados también por la asistente social, que la atendió desde 2010 y durante este tiempo.

Una vez iniciado el juicio, el Ministerio Fiscal pidió varias modificaciones sobre su escrito, entre ellas el aumento de la pena para cada una de 3 a 4 años de prisión. También ha presentado una valoración de las fincas que fueron cedidas a ambas mujeres, en un valor de 64.000, 34.654 y 119.800 euros, respectivamente. Mantuvo la cuantía de reclamación de la responsabilidad civil, cifrada en 2.000 euros de indemnización para los herederos de la mujer.

Por su parte, la acusación particular reclama 5 años de pena y 9.680 euros de indemnización.