La exedila de Láncara niega las acusaciones de estafa y alega que no tiene "conocimientos de informática"

LUGO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exedila de Láncara acusada de estafa y falsedad de documento ha negado este lunes ante el juez que manipulase ningún documento y ha alegado que no tiene "conocimientos informáticos" suficientes para hacerlo. Respondiendo solo a las preguntas de su abogado, ha dicho que ella no tuvo relación con el constructor afectad en ningún momento, ya que las obras se hacían en viviendas de las que no era propietaria, a lo que ha añadido que su padre hizo dos pagos en metálico, "de los que mi madre y yo fuimos testigo".

El juicio contra la exedila de Láncara y su padre ha quedado este lunes visto para sentencia tras la celebración de la segunda sesión, en la que ha declarado uno de los testigos y la denunciada, ya que su padre se ha acogido a su derecho a no hacerlo.

Esta segunda parte del juicio se ha celebrado porque en el día señalado para la vista, el pasado 12 de febrero, el dueño del taller no pudo acudir a declarar, ya que estaba hospitalizado, por lo que la sesión fue aplazada hasta que pudiese hacerlo. También tuvo lugar la declaración de la acusada, que negó todos los hechos.

Tanto al padre como a la hija se les acusa de no pagar a un constructor por las obras realizadas en una casa, y al dueño de un taller, por la compra de un tractor. Por todo ello, se enfrentan cada uno a una pena de dos años y seis meses de prisión y a una multa de 2.400 euros, aunque las dos acusaciones particulares solicitan cuatro años de cárcel y 6.000 euros e multa.

HECHOS

Los hechos se remontan al año 2021. Según sostiene la acusación, ella, que ahora cuenta con 39 años de edad, y él, de 66, hicieron una transferencia de 2 euros al constructor con la intención de generar un documento pdf con una orden de pago en la que después manipularon el importe para que figuraran 39.272 euros.

Al ver la víctima el documento, creyó que se había hecho el pago y continuó con los trabajos en la vivienda, que posteriormente fueron valorados en 46.338 euros.

Durante el juicio, el constructor explicó que cuando le reclamó a ambos el pago, estos aseguraron que se trataba de un error en el banco y que estaba todo bien. Días más tarde, una mujer llamó a la víctima identificándose como trabajadora del banco y asegurando que había sido un error de ellos, pero el hombre desconfió y alegó que más tarde descubrió que todo era falso. Más tarde, los técnicos aseguraron que la llamada se efectuó desde un teléfono del ayuntamiento.

A los dos acusados se les atribuye también una acción similar previa con la compra de un tractor. Al dueño de un taller le entregaron un documento en el que figuraba un pago de 10.002 euros, pero solo ingresaron 2. En este caso, no se reclama indemnización porque el hombre recuperó el tractor cuando este tuvo una avería y los acusados lo devolvieron al taller.

En esta segunda sesión ha declarado el dueño del taller, corroborando lo descrito en el escrito de acusación y asegurando que el vehículo fue entregado a los denunciados antes de que le hiciesen llegar el recibo de pago, pero que no hubo ningún abono por el mismo.

Ha responsabilizado únicamente al padre de lo sucedido, que fue el único que firmó un precontrato de compra. Además, ha asegurado que su intención sí era quedarse con el tractor, ya que llegaron a contactar con el seguro. "Actué de buena fe", ha asegurado, añadiendo que lo recuperaron "porque dio fallo y hubo que llevarlo al taller. Como no pagaban, ya no lo devolvimos".

En cuanto a la exedila, sobre el tractor, ha afirmado que ya le habían indicado al propietario del mismo que no se lo iban a quedar porque tenía muchos problemas. También se ha referido al teléfono con el que presuntamente se hizo la llamada en la que intentó hacerse pasar por agente del banco: "Era un teléfono que se utilizaba en el ayuntamiento para quejas y sugerencias y no lo usaba solo yo".

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita para los acusados un pago conjunto de 46.338 euros a la víctima por los perjuicios ocasionados, mientras que la acusación popular aumenta la indemnización a 61.000 euros, además de otros 3.000 por daños y perjuicios.