El exsecretario de la CEG se niega a declarar por el supuesto fraude de subvenciones a finales de los noventa

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El principal acusado por un supuesto delito de fraude de subvenciones a finales de los años noventa en la patronal gallega, Rafael Sánchez Sostre, que fue secretario de la CEG hasta el año 2000, se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio que ha comenzado este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

   Tras varias suspensiones, la última ocurrida en 2019 por "traspapelarse" miles de folios, el juicio sobre unos hechos ocurridos hace más de 20 años, durante un periodo en el que el fallecido Antonio Ramilo era presidente de la patronal, ha comenzado con la petición de las defensas de prescripción de los delitos.

   En la primera sesión de este juicio oral han estado presentes seis acusados, a los que se suman otro que no ha podido comparecer por enfermedad y otras dos personas jurídicas sin representación. Fiscalía pide para Sánchez Sostre cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros.

   Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de prisión --y multas que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros--. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999.

PETICIÓN DE PRESCRIPCIÓN

   En las cuestiones previas, las defensas han reclamado la prescripción de los delitos, pero el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, Ángel Pantín, ha sido tajante para explicar que en esta fase no se iba a decidir sobre ese punto.

   El magistrado ha dejado claro que "deberá desarrollarse todo el juicio" --fijado para 12 días-- al tratarse de una trama "compleja", pues si se declara ahora acerca de ese tema en las cuestiones previas, el Tribunal Supremo puede declarar la nulidad de esa decisión, indica. "Lo que tratamos es que no se repita el juicio", ha afirmado Pantín. Esta decisión ha provocado las protestas de las defensas.

   Al respecto, el abogado de Sánchez Sostre se ha quejado de que su cliente ha sufrido "pena del telediario durante 21 años". Reconoce que "echar a la basura" una veintena de tomos de instrucción y 12 días de juicio oral "puede producir cierto vértigo", "pero no es excusa".

   El letrado advierte de que "no se puede venir a este juicio con predeterminación del fallo" y denuncia "vulneración de derechos". Remarca que repetirá estas reclamaciones en las conclusiones, pues "el resto es una ceremonia de confusión".

   Por otra parte, el juez ha concedido a los letrados la posibilidad de seguir el juicio telemáticamente por la pandemia a partir de la próxima semana, siempre que tengan algún representante en la sala en el que se puedan delegar en caso de fallo técnico.

INTERROGATORIOS

   Pese a que el principal acusado se ha negado a contestar ninguna pregunta de las partes, este miércoles sí que se han tomado la palabra otros de los acusados.

   Así, el administrador de una sociedad de formación y consultoría ya extinta --fue "la empresa de formación más grande en España", ha dicho-- ha sostenido que solo mantenía una "relación institucional" con Sánchez Sostre, ya que había un comercial en Galicia que se encargaba de las gestiones con la CEG.

   A modo de ejemplo del tiempo que ha pasado sobre los hechos juzgados se encuentra que en cursos tratados se abordaban los inicios de Internet. El acusado ha explicado que con la CEG había un acuerdo para ofrecer una "aula virtual de innovación", que en 1999 "era una cosa muy innovadora". De hecho, sostiene que la patronal gallega "fue la primera entidad en España con aula virtual" para formación a distancia.

   Este hombre, que ha contestado a todas las partes, indica que hubo un "contrato firmado con Antonio Ramilo" por valor de 11 millones de pesetas en las que se recogían las especificaciones técnicas. Deja claro que en este caso "no fue un curso", sino "un proyecto específico de formación" presentado por la empresa, el cual fue elegido por la CEG y en el que se ofrecía el software y servidores, mientras los contenidos corrían a cargo de profesores universitarios.

   Asimismo, ha dicho que era "imposible" que cobrasen por algún curso que no se hubiese realizado. "Éticamente no lo hubiéramos aceptado", garantiza, al tiempo que tenían que realizar los cursos para "dar trabajo" a los formadores en plantilla. Recuerda que era una "empresa auditada". "No podíamos hacer las cosas de cualquier manera".

   Por su parte, otro administrador de una empresa de formación ha expresado que los cursos contratados se impartieron. Admite que la práctica habitual era que hubiese un contrato previo en el que se estipulaba que un 50% de la retribución iba para la empresa, en calidad de diseño de curso, y el otro 50% para el formador.

   Además, un acusado, administrador de varias empresas, ha indicado que ofrecía a la CEG locales de conferencias en Área Central, que contaban con un "nivel de exigencia altísimo" en lo tocante a los requisitos de los espacios, que hasta tenían dos turnos de limpieza al día.

   Eso sí, ha asegurado que "no sabía qué actividades se hacían allí dentro", puesto que no acudía habitualmente a los locales, si bien asegura que inspectores de la Xunta pasaban con regularidad por esos centros. Además, ha afirmado que era un subordinado el que se encargaba de las facturas.

   El juicio se retomará el viernes con el resto de comparecencias de acusados, ya que se quiere dar tiempo a que pueda asistir el hombre que se ha ausentado en la jornada de inicio debido a un problema de salud.