SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, prometió hoy "no amparar" ninguna infracción urbanística "venga de donde venga", pero abogó por esperar a que la Justicia "decida" sobre el caso de Barreiros (Lugo) y justificó el convenio suscrito entre Xunta, Diputación y Ayuntamiento para "solucionar" sus problemas de urbanización y saneamiento en base a la no discriminación entre municipios.
"Si hay responsabilidades de técnicos o de otras personas, que se diluciden", defendió Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que recordó que, no obstante, las sentencias dictadas hasta el momento "son todas favorables" al Ayuntamiento. "La Xunta no puede distinguir entre municipios y es la Justicia la que tiene que decidir", proclamó.
De hecho, garantizó que mantendrá su apoyo al saneamiento del ayuntamiento lucense como en el resto de los municipios gallegos, "con independencia de algún problema urbanístico que puedan tener". Además, recordó que "todas las administraciones" --incluida la Diputación de Lugo, presidida por el socialista José Ramón Gómez Besteiro-- apoyan este acuerdo y subrayó que, "incluso" se logró que los promotores "pongan 6 millones de euros".
Previamente, preguntado por la reforma de la ley del suelo pactada ayer en la Cámara por socialistas y 'populares', había advertido de que en urbanismo "no vale todo". "Mientras yo sea presidente los expedientes urbanísticos se seguirán tramitando; no se puede construir en las fincas sino en los solares", zanjó.
CESE EN LA APLU
Por otra parte, Alberto Núñez Feijóo enmarcó "en la normalidad política" el cese del anterior director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Hipólito Pérez, y su sustitución por "una gran profesional" con experiencia en el ámbito local, como se refirió a la nueva directora del ente, María Martínez Allegue, cuyo nombramiento autorizó el Consello del pasado jueves.
"El Consello aprobó un cese a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández", explicó el presidente, quien recordó que fue el "poder político" quien decidió el nombramiento de Pérez y estipuló unos estatutos que también han sido modificados para "equiparar" el papel de los altos cargos de la APLU al que ocupan otros directivos similares en la Xunta.