La Xunta defenderá en la Comisión Bilateral que estos puntos, tres ligados con cuestiones energéticas, "no confrontan" con la norma estatal
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la notificación de un conflicto competencial iniciado ante las discrepancias del Gobierno central con varios artículos de la ley de medidas fiscales y administrativas de diciembre, que acompañó a la aprobación de los presupuestos autonómicos.
En concreto, el DOG informa de que la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Xunta y el Estado acordó en una reunión celebrada el 18 de marzo iniciar negociaciones e intentar resolver dichas discrepancias. Con tal fin, designarán un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral.
Como es preceptivo en este tipo de conflictos, el acuerdo debe ser comunicado al Tribunal Constitucional (TC), a modo de preaviso por si en el órgano bilateral ambas administraciones no lograsen solventar sus desavenencias.
El primero de los artículos cuestionados, según el DOG, es el número 15, relativo a las autorizaciones interurbanas de taxi con salida desde garaje, y los otros tres --32, 33 y 34-- sobre los que Xunta y Estado intentarán dialogar hacen referencia a cuestiones vinculadas con la normativa energética.
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y CONSUMOS REALES
En concreto, la Consellería de Economía ha explicado que los puntos de conflicto hacen referencia a los cobros indebidos por sustitución de equipos de medida. El artículo 33 de la ley fija que hasta que el equipo esté plenamente operativo, de modo que el consumidor se beneficie de sus funcionalidades, no podrá cobrarse como tal.
Por ello, en el caso de haber cobrado por este contador en régimen de alquiler como si ya estuviesen integrados en el sistema de telegestión, las compañías distribuidoras deberán devolver las cantidades facturadas con anterioridad al 1 de abril de 2016.
También se debatirá la obligación de facturación con base en consumos reales, ya que el artículo 34 establece que no se podrán realizar facturaciones en función de estimaciones, salvo con acuerdo expreso con el consumidor.
En tercer término, se abordará el tratamiento de las solicitudes de potencia eléctrica de los operadores económicos en suelos industriales (artículo 32), que garantiza una potencia eléctrica suficiente en los polígonos industriales.
"NO ENTRAN EN CONFRONTACIÓN"
La Consellería de Economía ha trasladado a Europa Press que la Xunta defenderá, en el marco de la Comisión Bilateral, la idoneidad de estos artículos.
Según ha indicado, se pondrá sobre la mesa que "buscan la defensa de los consumidores y el impulso a la competitividad empresarial" y que "no entran en confrontación" con la normativa estatal, sino que hacen concreciones de aplicación de dicha normativa para Galicia.
