BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha afirmado este martes que, en su opinión, la Unión Europea "solo puede decir que está correcto el sistema español" propuesto para permitir a los astilleros tener bonificaciones, después de la suspensión del sistema anterior, el tax lease.
Guerra ha aprovechado su viaje a Bruselas para tratar el problema de las participaciones preferentes para reunirse también con el secretario de Estado de la UE, Íñigo Méndez de Vigo, y el embajador permanente de España ante la UE, Alfonso Dastis, a los que ha pedido que el Gobierno español "presione" para que la Comisión Europea apruebe en "la mayor brevedad posible" el sistema español.
"Desde nuestro punto de vista la Unión Europea sólo puede decir que está correcto el sistema español porque afecta sólo a sistemas fiscales ya aplicados en España en otros sectores y por lo tanto pensamos que podemos tener buenas noticias en un corto plazo de tiempo, pero por eso le hemos pedido al Gobierno de España que presione en este sentido", ha precisado.
El conselleiro ha pedido agilizar la respuesta y dar luz verde a la alternativa para que las empresas gallegas "puedan contratar barcos en condiciones de igualdad con el resto de astilleros" de la UE.
"Nos han demostrado que el Gobierno de España está muy comprometido", ha saludado, tras recordar que actualmente los astilleros gallegos "no pueden contratar porque no tienen el sistema aprobado".
La propuesta española plantea adaptar el sistema fiscal español para que "no sea selectivo a la construcción naval", de forma que las bonificaciones se puedan aplicar no sólo a los barcos, sino a "todos" los productos con un período de construcción superior a un año y que no se produzcan en serie. De este modo, no se considerarían ayudas de Estado.
Guerra, que explicó el contenido del documento el pasado 23 de mayo, expuso que esta alternativa al 'tax lease' requerirá modificar el Impuesto de Sociedades.
En ese momento remarcó que las autoridades europeas no podrán "echar abajo" la propuesta de España --desarrollada con la implicación de Gobierno y Pymar, con una "activa" participación de la Xunta-- porque "está basada en modelos ya autorizados". "Se trata de adaptar el sistema jurídico y fiscal español para que la Comisión Europea no lo considere selectivo", sostuvo la Xunta.
