La investigación policial centra la segunda sesión del juicio por la muerte de Cristina Cabo en Lugo

J.U.V.S, autor confeso de la muerte de Cristina Cabo Buján a su llegada al juicio por su asesinato en la Audiencia Provincial de Lugo, a 26 de mayo de 2025, en Lugo, Galicia (España). Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2022, cuando el acusado con
J.U.V.S, autor confeso de la muerte de Cristina Cabo Buján a su llegada al juicio por su asesinato en la Audiencia Provincial de Lugo, a 26 de mayo de 2025, en Lugo, Galicia (España). Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2022, cuando el acusado con - Carlos Castro - Europa Press
Publicado: martes, 27 mayo 2025 20:17

   El miércoles será el momento de la declaración de los peritos y también del acusado, que lo hará en último lugar

   LUGO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   La investigación policial llevada a cabo tras el asesinato en 2022 de Cristina Cabo Buján, la vecina de Lugo que regentaba una tienda de productos ecológicos, ha centrado la segunda sesión del juicio con jurado popular que se sigue contra J.U.V.S., que está acusado de haberle asestado 47 puñaladas la misma noche que se conocieron después de mantener relaciones en la casa de ella.

   Aunque el trasfondo del proceso es dilucidar si fue un asesinato o un homicidio, ya que el autor confesó los hechos cuando fue detenido, esta segunda jornada se ha centrado en la presentación de todas las pruebas que se encontraron y se analizaron durante la investigación y los registros. Llegaron a declarar durante la jornada una veintena de agentes, con distintas responsabilidades, que aportaron los resultados y explicaron los informes que presentaron en su momento.

   En total han sido aportadas a la causa 118 vestigios recopilados y más de 500 fotografías, muchas de ellas mostradas ante el jurado, además de proyectarse un vídeo con la reconstrucción de los hechos. Debido a la crudeza de muchas de esas imágenes, en las que se venía el cuerpo de Cristina Cabo en el medio del salón de su casa, fue desalojada la sala en más de una ocasión con el objetivo, por una parte, de mantener la intimidad de la víctima y por otra, de no herir la sensibilidad del elevado número de amigos y familiares que están siguiendo el juicio.

   En la reconstrucción, el acusado aseguró que se fue con Cristina a su casa porque ella se comprometió a pagarle y que cuando se quiso marchar, ella, que estaba mal por lo que había hecho, se alteró y le amenazó con un cuchillo mientras gritaba llamando a la Policía. Lo que ocurrió después dice que "se me fue de las manos".

   Algunos de los datos que salieron a la luz durante el juicio fueron el estado de desorden que había en el salón de la casa, que se vio con "signos de lucha", en contraposición con el resto de las estancias; la cantidad de sangre que había, con manchas de pisadas y huellas de manos, además de gotas en las escaleras del inmueble. Tampoco había señales de haber sido forzada la puerta y los principales análisis se centraron en el cuchillo, un vaso y también en el mango de un paraguas que estaba roto.

   La supervisión de las cámaras recogió el camino que recorrieron ambos desde el pub hasta la vivienda, sobre las 6.00 de la madrugada. También se reconoce a alguien en la bicicleta de la víctima en sentido contrario por la muralla sobre las 8.00, dos horas después.

   Los investigadores también han aportado que el acusado no tenía antecedentes judiciales y que era consumidor habitual de drogas, algo que preocupaba mucho a su madre, que propició que llegara a España "para cambiar de vida".

   La relación del acusado con los cuerpos militares y su conocimiento de las armas también fue extraída del teléfono de J.U.V.S. durante la investigación, así como el análisis de las zapatillas que llevaba ese día y en las que se encontraron rastro de sangre aunque las había lavado justo a la mañana siguiente. La ropa la tiró a la basura, pero no se encontró después, aunque estuvieron buscando en la planta de Sogama en Cerceda.

   Aunque el primer día se abordaron las declaraciones de testigos y amigos, en esta jornada, por el contrario, en la pericial, el acusado, que estuvo impasible el lunes, rompió a llorar en un par de ocasiones durante la mañana.

   El juicio está previsto que termine este miércoles y que se celebre solo en jornada de mañana después de dos días intensos de doble sesión. Quedarían por conocerse los detalles de los peritos así como la declaración del acusado, que se hará en último lugar, aunque podría rehusar.

   De hecho, la defensa desechó llamar a declarar a un amigo y un familiar del acusado durante la sesión de este martes. El veredicto del jurado debería podría saberse ya el viernes.

LOS HECHOS

    Treinta años de prisión es pena que la Fiscal y la acusación popular piden para J.U.V.S., autor confeso de la muerte de Cristina Cabo Buján. Los hechos se remontan al invierno de 2022, cuando se conocieron en un local nocturno del casco histórico, y luego la acompañó a casa para, presuntamente, mantener relaciones.

   Sobre las 8,00 de la mañana, dos horas después de haber llegado al domicilio, se produjo una discusión entre ellos que derivó en la agresión, que consistió en 47 puñaladas, que provocaron un desangramiento lento y finalmente la muerte "con gran sufrimiento". El hombre abandonó la casa tras sustraerle un ordenador y una bicicleta.

   El cuerpo de Cristina fue encontrado al día siguiente por su hermana, que acudió al domicilio preocupada porque no contestaba al teléfono. Tras iniciarse la investigación, fue la hermana de J.U.V.S. la que lo delató, porque encontró entre las pertenencias del hombre, que vivía con ella, el ordenador. Tras ser detenido, confesó el crimen, pero achacó la agresión a una enajenación mental por el consumo de drogas y alcohol.

   Para la acusación se unen dos delitos, el de asesinato con alevosía y ensañamiento, para el que pide 25 años, y el de robo con violencia e intimidación, que son 5 más. Además, reclama la indemnización por daños morales a la familia de la fallecida por valor de 230.000 euros.

   Por su parte, la defensa reclama una pena de 15 años asegurando que no fue un crimen premeditado y que el hombre sufría un trastorno mental causado por el consumo de estupefacientes y alcohol y que actuó en legítima defensa.

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