La jueza del accidente del Alvia informa a favor del indulto al maquinista

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La jueza del accidente ferroviario ocurrido en julio de 2013 en el barrio santiagués de Angrois, en el que fallecieron 80 personas, ha informado favorablemente de la petición de indulto formulada por el maquinista del Alvia, Francisco Garzón Amo, quien fue condenado a dos años y medio de prisión por el descarrilamiento del tren.

   La magistrada María Elena Fernández firma este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha del 7 de septiembre, una semana después de que el fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se mostrase a favor de un indulto parcial por "relevantes razones de justicia y equidad".

   El sindicato de maquinistas (Semaf) promovió la solicitud de indulto ante el Ministerio de Presidencia para Francisco Garzón, petición que en este momento se encuentra en tramitación. Este escrito de Fiscalía se dirigía al Juzgado de lo Penal número 2, que tiene que resolver sobre el ruego.

   En su escrito, el fiscal del área apoyaba la petición de indulto parcial pero descartaba que deba ser una gracia total. Ahora, en su auto, la jueza informa favorablemente del indulto total de la pena de prisión, y subsidiariamente, del indulto de la condena en lo que excede a los dos años que permitirían la suspensión condicional de la pena de prisión.

   La jueza recuerda que el maquinista fue condenado a penas de dos años, seis meses y un día de prisión, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante cuatro años y medio. Además, subraya que carece de antecedentes penales previos y que la responsabilidad civil objeto de la condena fue abonada.

   Dicho esto, apunta también que Francisco Garzón se encuentra actualmente jubilado de su actividad profesional, por lo que considera que el pronóstico de que vuelva a delinquir en el futuro es prácticamente nulo.

"CONCURREN RAZONES DE JUSTICIA Y EQUIDAD"

   Además, la magistrada entiende que "concurren razones de justicia y de equidad" para concederle la gracia solicitada dado que "la conducta delictiva se cometió por una imprudencia profesional, grave pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo" en el que "perdió la atención" durante una conversación telefónica con el interventor.

   Tras ello, recuerda también que se consideró que, sin perjuicio del reproche penal que merecía el condenado, en la gravedad del resultado concurrían otras circunstancias relativas ala "deficiente señalización del tramo" en el que se produjo el accidente y de "medidas de seguridad que disminuyeran el riesgo de un exceso de velocidad de tal calibre". Una consideración que señala que no queda descartada por la sentencia de apelación, aunque no se haya materializado en la condena de la única persona a quien se acusó como responsable de esas deficiencias en la vía --en referencia al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte--.

   Además, María Elena Fernández Currás hace referencia al "profundo pesar del penado por el dolor generado a las víctimas y a sus familias", "patente desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio"; y recuerda que fueron públicas y privadas sus peticiones de perdón.

   Por otra parte, la jueza recuerda "el profundo pesar del penado por el dolor generado a las víctimas y a sus familias", el cual "fue patente ya desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio". Además, recalca que, "como alegan algunas de las víctimas a la solicitud de indulto -respecto de la que las víctimas que se han pronunciado lo han hecho mayoritariamente a favor-, la condena moral del maquinista será de por vida, cumpla o no la pena de prisión".

   "En definitiva, aunque la pena de prisión cumpla su finalidad de prevención general para que la sociedad y las víctimas confíen en que la comisión de delitos no resulta impune, ninguna finalidad de prevención especial en cuanto a la necesidad de resocialización o de neutralización del riesgo de reiteración delictiva cumpliría, en este caso, respecto del penado", indica la magistrada en su informe, el cual ha sido remitido, junto con el resto de la documentación recabada por el órgano judicial, al Ministerio de Justicia.