Una comisión urbanística del área, que presidirá el conselleiro de Territorio, aprobará los PGOM de los 14 municipios que la conforman
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Vigo será la capital de la primera área metropolitana regulada por ley en Galicia --que entrará en vigor este año y será "efectiva" en 2012-- y con la que la Xunta aspira a "mejorar" la prestación de servicios y a abaratar su coste "entre un 15 y un 20 por ciento" en la ciudad olívica y su zona de influencia. Este nuevo órgano de "coordinación" integrará a 14 ayuntamientos y afectará a medio millón de habitantes.
En concreto, el área metropolitana se configura como una entidad local cuyo ámbito territorial está delimitado por los ayuntamientos de Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior y Vigo. La Xunta contempla la posibilidad de que pueda ampliarse "en el futuro" a través de un procedimiento "sencillo".
Los encargados de explicar el contenido del proyecto de ley, que recibió este jueves el visto bueno del Consello de la Xunta y que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, fueron el máximo mandatario gallego Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Ambos destacaron el proceso "abierto y participativo" que ha dado lugar a esta norma, que inició su andadura en 1999 con la 'Declaración de Soutomaior'.
No en vano, Rueda indicó que él mismo se reunió con los regidores de los municipios afectados para ver si había interés en la iniciativa, constatando que así era, y que el proyecto se presentó a agentes económicos y sociales de la zona afectada. El texto recibió más de 250 alegaciones, incorporándose "más de la mitad", y tuvo que superar informes preceptivos de varios departamentos de la Xunta. Previamente, la Universidad de Vigo realizó un informe de viabilidad.
"Queremos dar respuesta a una realidad social y económica", proclamó Feijóo, satisfecho por "cumplir" el compromiso de aprobar el proyecto y llevarlo al Parlamento en el primer semestre del año, con el reto de que empiece a funcionar de forma efectiva "lo antes posible". Al respecto, Rueda aclaró que la fecha exacta dependerá del funcionamiento de la Cámara, pero subrayó que su previsión es que entre en vigor este año y que empiece a ser "efectiva" en 2012, aunque los plazos para la transferencia de competencias pueden "variar".
El ámbito competencial del área metropolitana se agrupará en nueve grandes bloques temáticos: promoción económica y empleo; servicios sociales; turismo y promoción cultural; transporte público de viajeros; medio ambiente; aguas; gestión de residuos; ordenación territorial; ordenación territorial y cooperación urbanística; y la "novedosa" coordinación en tecnologías de información y comunicación (TIC).
Rueda incidió en que la puesta en marcha de este nuevo órgano no debe entenderse como "una guerra entre administraciones" para "no delegar o quitar" competencias, sino que lo que busca la Xunta es la "coordinación" y evitar "duplicidades". Al hilo de esta afirmación, remarcó que dichas transferencias dependerán "de la voluntad" de las administraciones, a las que la ley "no puede obligar".
URBANISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
En el marco competencial de urbanismo, el proyecto de ley incluye la creación de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo del área metropolitana, que estará "adscrita" a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, y contará con 21 miembros: diez del área metropolitana, diez de la Xunta, y el conselleiro de Territorio, que también tendrá voto.
Dicho órgano metropolitano tendrá "importantes" facultades como la aprobación de los planes generales de ordenación municipal (PGOM) de los 14 ayuntamientos implicados, además de aprobar el Plan Territorial Integrado Metropolitano, y aprobar los planes y proyectos sectoriales "del ámbito exclusivamente" metropolitano.
Con respecto a la promoción económica, el proyecto de ley recoge la elaboración de un plan estratégico metropolitano y el fomento de la creación de nuevas empresas. También apuesta por "coordinar y gestionar" todos los servicios sociales "comunitarios", y gestionar los "especializados" que le sean transferidos por la Xunta de forma "coordinada" con los que preste cada ayuntamiento del área.
Asimismo, en las competencias del área se incluye la planificación y gestión de proyectos para el impulso y coordinación de las iniciativas culturales y turísticas en los ayuntamientos. También se incorpora, en el marco de medio ambiente y gestión de residuos, la lucha contra la contaminación acústica, medidas de ahorro energético, y la elaboración del plan metropolitano de gestión de residuos, entre otras. Asumirá, además, la gestión del "ciclo completo" del agua.
Entre las más "importantes", el conselleiro de Presidencia ubicó las relativas a transporte público de viajeros: la "ordenación, gestión, planificación, inspección y sanción" en materia de servicios de transporte público urbano de titularidad de los municipios que integran el área; la ordenación e intervención administrativa en los servicios de transporte marítimo de personas con origen y destino en los municipios incluidos en la misma; y la ordenación e intervención administrativa en el servicio de taxi en el ámbito metropolitano.
Por último, en el ámbito de las TIC, se aspira a "unificar" determinados trámites administrativos a través de la red y centralizar y coordinar los servicios técnicos e informáticos con el objetivo de reducir costes y "optimizar" recursos.
FINANCIACIÓN Y PERSONAL
Los órganos principales del área serán la Asamblea Metropolitana, la Junta de Gobierno Metropolitana, el presidente y hasta dos vicepresidentes; la Comisión Especial de Cuentas, y la Comisión de Cooperación, que se encargará de "asegurar" una gestión eficiente.
De hecho, la ley incluye una novedosa cláusula para evitar "duplicidades", de forma que los ayuntamientos no podrán dotar créditos en sus presupuestos en aquellas competencias cuyos servicios hayan sido traspasados. La Xunta y el resto de administraciones que traspasen servicios al área tampoco podrán ejecutar gasto para la financiación de esos servicios transferidos.
Tendrá, asimismo, dos vías fundamentales de financiación: las aportaciones económicas que acompañan a los traspasos de servicios por parte de las respectivas administraciones y una cantidad fija por habitante que decidirá la Asamblea, tal y como ya se hacía en el caso de la Mancomunidad.
Además, Rueda ha garantizado que la futura entidad supramunicipal no supondrá un aumento de empleados públicos ya que su personal será "fundamentalmente" cedido" de las diferentes administraciones que transfieran competencias y servicios.
CLAVE EN LA REORGANIZACIÓN TERRITORIAL
En su intervención, Núñez Feijóo se ha mostrado convencido de que, una vez articulado este proyecto, residirá en el Parlamento completar y aprobar una ley "útil", mientras que los ayuntamientos serán los responsables de que, una vez entre en vigor, se aplique "con rigor".
De hecho, al igual que Rueda, remarcó que si "funciona" de forma correcta será "beneficiosa" no sólo para Vigo, sino para el conjunto de Galicia, como pieza clave para la reorganización del modelo territorial de la comunidad y de la "asociación" municipal para hacer más "eficiente" y "austera" la prestación de servicios.
