Menor burocracia para las prestaciones y más viviendas de promoción pública, retos para combatir la pobreza en Galicia

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Reducir la burocracia para solicitar ayudas públicas, aumentar el acceso a una vivienda digna y eliminar las comisiones bancarias y el trato discriminatorio a personas con bajos ingresos en las entidades financieras son algunos de los retos que la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia) recoge en un documento elaborado tras un encuentro celebrado el pasado 6 de octubre.

   Se trata de un informe que ha sido presentado este lunes, durante la firma de un convenio entre la presidenta de esta organización sin ánimo de lucro, Eloína Ingerto, y la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, con el objetivo de desarrollar iniciativas de colaboración e incrementar el flujo de información entre ambas instituciones.

   El informe de EAPN-Galicia ha sido redactado a raíz del encuentro participativo 'Os dereitos básicos non son unha lotaría', hace casi dos semanas, durante el cual varios grupos de trabajo abordaron los datos de pobreza en la Comunidad gallega y lanzaron varias propuestas para combatir la exclusión en un nuevo contexto de reconstrucción tras la pandemia de la covid-19.

   Las principales conclusiones, que serán remitidas a los tres grupos del Parlamento de Galicia (PP, BNG y PSdeG), a la Xunta y a los ayuntamientos a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), según ha explicado Ingerto, fueron divididos en tres bloques temáticos: vivienda, brecha digital y derechos económicos.

   En cuanto al primero, se trata de "un problema urgente" para las personas en situación se pobreza y que se agravó con la pandemia, tal y como ha advertido la presidenta de EAPN-Galicia. Así, el informe señala como principales retos el control de las viviendas para asegurar unas condiciones dignas, la ampliación del parque público, así como el establecimiento de ayudas suficientes al alquiler que, además, cuenten con una burocracia reducida.

   En materia de derechos económicos, con especial incidencia en el sector bancario, las reclamaciones más valoradas por los grupos de trabajo pasan por la eliminación de las comisiones si los usuarios no superan un umbral mínimo de ingresos, así como la obligación de las entidades a abrir una cuenta a cualquier persona. De igual modo, el informe de EAPN-Galicia insta a los bancos a "eliminar el trato discriminatorio" a personas migrantes o en situación de pobreza.

   Finalmente, en el bloque de la brecha digital, el documento sitúa como primer reto la creación de centros "con horarios amplios" tanto en el rural como en las ciudades para que la ciudadanía pueda acceder a recursos tecnológicos --como un ordenador o una impresora-- de manera gratuita y con la asistencia de un profesional.

   Además, incluye la reclamación de un acceso a Internet como derecho universal básico, así como sanciones para las prácticas abusivas y la instauración de tarifas especiales por parte de las compañías para atender a situaciones concretas de los usuarios. Junto a esto, el informe de EAPN pide una mayor seguridad digital, lenguaje más comprensible y accesible, y una mayor convivencia entre los trámites digitales y presenciales.

"MEJORAS" EN EL IMV Y EN LA RISGA

   A mayores de estas conclusiones, la presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza ha reclamado "mejoras" para prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno central y la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) de la Xunta, entre ellas una reducción de los trámites que también ha reclamado la Valedora.

   Una mayor simplificación de los trámites es un asunto que "se repite de modo continuado" en los encuentros con personas solicitantes. Además, Eloína Ingerto urge a poder "complementar" ambas prestaciones --Risga e IMV-- y a "mejorar los complementos de acceso a la vivienda", dos necesidades que, tal y como ha valorado, pondrá encima de la mesa durante la modificación de la ley gallega de inclusión.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

   Todas estas conclusiones han sido expuestas durante la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el Valedor do Pobo y la Rede Galega contra a Pobreza. Como consecuencia de este acuerdo, tal y como ha expuesto Fernández Galiño, este mismo lunes se ha celebrado un encuentro de trabajo en la sede de la institución para conmemorar que este domingo, 17 de octubre, fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

   Pero a esta reunión le seguirán otras como un evento 'online' a través de EAPN-Galicia para explicar a la ciudadanía como funciona la organización y cómo puede acceder a la misma. Asimismo, la Valedora ha destacado que se establecerá un "canal fluido de comunicación" y un mayor compromiso por "la visibilización" de la pobreza.

   Y es que, según ha explicado en el arranque del acto, la pobreza es "uno de los principales obstáculos para el pleno reconocimiento de los derechos humanos" y su erradicación es, precisamente, "el primero de los objetivos" de la Agenda 2030 de la ONU.

   En este contexto, Fernández Galiño ha ensalzado la labor del Valedor do Pobo como institución que vela por los derechos fundamentales y que está "comprometida con la lucha contra la pobreza y contra la aporofobia".

   Por su parte, la presidenta de EAPN-Galicia ha subrayado la "excelente relación" que tiene con la Valedora y su equipo, de quienes ha reconocido "su actitud de escucha y trabajo conjunto". "No solo se escucha y da voz, sino que también se actúa y se buscan soluciones", ha agradecido Ingerto.

DATOS DE POBREZA EN GALICIA

   Según un informe hecho público en julio de este mismo año por la Rede, en el año 2020 el 25,7% de la población gallega --694.367 personas-- se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social, es decir, con ingresos inferiores a 802 euros al mes en caso de hogares unipersonales o a 1.685 euros en caso de hogares con dos adultos y dos menores.

   Aunque este porcentaje es inferior a la tasa nacional, situada en el 26,4%, supuso un incremento del 1,4% durante el año más duro de la pandemia.

   En cuanto a la situación de pobreza severa --menos de 535 euros mensuales en hogares unipersonales o menos de 1.123 euros en los de dos adultos y dos menores--, en Galicia en 2020 se situó el 9,4% de la población, unas 253.000 personas, tras subir un 1,5% en un año.