SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consello Galego da Competencia (CGC) ha impuesto a Alcor Seguridade una multa de 68.868 euros por falsear datos en un concurso público convocado en 2014 por el Ayuntamiento de Lugo. El organismo autonómico considera que la empresa falseó la competencia al inflar los costes laborales del servicio que prestaba, lo que perjudicó a las otras empresas que participaban en el concurso.
Según explica el CGC, en julio de 2014, el Consistorio lucense sacó a concurso el servicio de vigilancia el hogar del transeúnte municipal. La empresa concesionaria de este servicio hasta ese momento --Alcor Seguridade-- informó al órgano de contratación de unos costes laborales superiores a los que realmente tenía, con el fin de que el resto de las empresas concursantes tomasen estos costes "inflados" como base para presentar sus ofertas.
La Ley de Contratos del Sector Público obliga a que, cuando se somete a concurso público un determinado servicio, el actual concesionario tiene que informar al órgano de contratación de los costes laborales de los trabajadores de obligada subrogación, de forma que todos los concursantes puedan conocer de antemano los costes del servicio para proponer sus ofertas económicas a la administración.
Como resultado del señalado engaño, las otras dos empresas que concurrieron al concurso presentaron ofertas económicas superiores a las de Alcor, que resultó adjudicataria del mismo, al presentar la oferta económicamente más beneficiosa.
SOSPECHAS DE FRAUDE
Frente a las sospechas de fraude, el Ayuntamiento de Lugo decidió dejar el concurso desierto y presentar una denuncia ante el CGC, que dio origen al presente expediente sancionador. Ya en 2015 el Consistorio volvió a sacar a concurso el citado servicio, resultando de nuevo adjudicataria Alcor Seguridade, aunque con un precio substancialmente inferior.
Ante estas cuestiones, el Consello Galego da Competencia considera que los hechos constituyen un "acto de competencia desleal" por "violación de normas" --las de contratación pública--, al perjudicar a la competencia en perjuicio del interés público.
La normativa establece que la multa por la infracción tiene que alcanzar, al menos, el beneficio que ilícitamente obtuviese el infractor. En este caso, el CGC considera que el fraude en la contratación le permitiría a Alcor Seguridade ganar el concurso con un precio más elevado del que tendría que ofertar en una situación de competencia no falseada.
IMPORTE
En el primer concurso falseado, la empresa se hizo con el contrato con una oferta de 99.207,90 euros (sin IVA), mientras que, en el segundo --ya en régimen de competencia-- resultó adjudicataria por importe de 81.990 euros (sin IVA).
Es decir, el falseamiento del procedimiento de licitación le habría supuesto a la empresa un enriquecimiento ilícito de 17.217 euros que, multiplicados por los cuatro años de vigencia que podría llegar a tener el contrato, refleja un beneficio de 68.868 euros.
