El delegado del Gobierno descarta una situación "alarmante" y la Xunta pide un endurecimiento de las penas
A CORUÑA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las ocupaciones ilegales supusieron en 2019 un 0,16% del total de infracciones penales en Galicia, según los datos facilitados por el delegado del Gobierno, Javier Losada, tras una reunión con mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para abordar esta cuestión.
Tras el mismo, Losada ha apuntado a una combinación de medidas de carácter social y de seguridad ciudadana para evitar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en la Comunidad, pero ha rechazado que exista una situación "alarmante".
En su comparecencia ante los medios, ha explicado que, del total de 80.288 infracciones penales registradas en 2019, 129 fueron ocupaciones ilegales de inmuebles. "Muy lejos de las 6.000 de Cataluña, las 1.400 de Madrid o las 1.000 de Valencia y menos que las 213 del País Vasco y 186 de Aragón".
"De estas 129 infracciones registradas, no todas se corresponden con lo que entendemos por ocupación de una vivienda por personas para vivir en ella". "El número de estas ocupaciones se sitúan en los cien casos registrados el año pasado por la Policía Nacional", ha precisado el delegado del Gobierno que ha añadido que la Guardia Civil ha registrado en los últimos cinco años 46 casos.
"Se trata de una infracción que se registra, principalmente, en las ciudades, casi de forma exclusiva en las zonas urbanas", ha apuntado. Por provincias, ha indicado que A Coruña fue la que registró mayor número de ocupaciones ilegales (54), seguida de Pontevedra (40) y a mucha distancia Ourense y Lugo (7 ocupaciones ilegales en cada una de ambas provincias).
LIGERO INCREMENTO
En base a estos datos, ha rechazado que haya "una situación alarmante, incluso a años luz de la que se da en otros puntos de España". A pesar de los números, Javier Losada ha indicado que las Fuerzas de Seguridad sí detectan un ligero incremento de las ocupaciones, que no ha descartado esté relacionado con el contexto social y económico del momento, ya que a día de hoy se sitúan en 108.
En todo caso, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población y ha apelado al trabajo que se desarrolla desde las subdelegaciones del Gobierno. Además, ha dicho que la respuesta incluye actuaciones de tipo social y de tipo policial.
En ambas, ha insistido en la necesidad de que las administraciones autonómica y local se impliquen en la dotación de alternativas de habitabilidad. "El Ejecutivo ha puesto en marcha en este año una importante batería de medidas para minimizar el impacto de la crisis de la COVID-19 en el derecho a la vivienda".
Por otra parte, ha aludido a la instrucción dictada por el Ministerio del Interior "con protocolos estandarizados que permiten agilizar la intervención policial y garantizar los derechos de la ciudadanía". "Se trata de casos que generan una gran alarma social y que requieren una respuesta policial a la altura", ha indicado.
CRITICAS DE LA XUNTA
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez ha denunciado "la falta de respuesta" por parte del delegado del Gobierno, Javier Losada, a su petición de reunión para abordar conjuntamente este problema.
"Hace diez días que esta Consellería solicitó un encuentro y hasta el momento nos obtuvimos respuesta por parte del representante del Estado en Galicia", afirma en un comunicado, en el que asegura que las ocupaciones son "un problema de orden público que genera cada vez mayor inquietud social".
"Pero también una creciente inseguridad jurídica entre los propietarios de inmuebles, lo que repercute en la propia dinámica del sector inmobiliario", sostiene.
En concreto, insta al Gobierno al endurecimiento de las penas "por lo que es necesario un marco jurídico duradero, eficaz y definido que sirva para disuadir del delito y eliminar la sensación de impunidad entre los vecinos y, a la vez, garantice agilidad en los procedimientos judiciales",
Otras medidas que propone la Xunta son que las comunidades de propietarios puedan instar al desalojo y que se establezcan medidas cautelares en las primeras horas de la ocupación ilegal.
