La oposición desconfía de la Ley de Función Pública y pedirá su devolución

Actualizado 08/03/2015 14:25:03 CET
Hemiciclo gallego IX Legislatura
Foto: EUROPA PRESS

La situación económica de Galicia y Abanca centrarán la sesión de control a Feijóo la semana que viene

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La futura Ley de Función Pública de Galicia comenzará su tramitación parlamentaria en el pleno de esta semana con el rechazo de la oposición, cuyas enmiendas de devolución serán 'salvadas' gracias a la mayoría que ostentan los populares en el hemiciclo. Así, entre otros argumentos, los grupos de PSdeG, AGE y BNG advierten de que se "perpetúan los recortes" al colectivo y expresan su desconfianza al respecto de cuestiones como la posibilidad de libre designación.

   Así las cosas, en su enmienda a la totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas, que denuncian "la ausencia de un proceso real de participación y negociación con los sindicatos representativos del empleo público en Galicia, advierten de que este texto "tiene la virtud de poner de acuerdo a todas las organizaciones sindicales en su rechazo".

   Esta "omisión" en la participación también se ha trasladado, dice el PSdeG en su enmienda de devolución al proyecto, a la participación de las entidades locales y universidades.

   Los socialistas pedirán que el texto sea devuelto al Gobierno porque "deja fuera del ámbito de aplicación a la totalidad de las sociedades públicas y fundaciones dependientes de la Xunta", cuyo personal se excluye del empleo público. Asimismo, entienden los socialistas, "resulta confusa la aplicación que puede derivar para amplios colectivos como el de la docencia o la sanidad".

   Una de las motivaciones que remarca el PSdeG es el hecho de que "contiene criterios de valoración inadecuados y faltos de la necesaria objetividad" y, al tiempo, "establece una sospechosa indefinición sobre los puestos de trabajo a proveer por libre designación".

   En este sentido también se pronuncia el Grupo de AGE, que acusa de "consagrar el sistema de expolio tan empleado por el Partido Popular",  y que considera que el proyecto legislativo "admite con demasiada amplitud el sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo".

   AGE observa en el texto una "desconfianza" en los trabajadores públicos a lo largo del texto. Por un lado, observa "significativo" la "regulación abusiva de los servicios mínimos en caso de huelga, que no se ciñen a los servicios básicos" y, por otro, advierte del "hito destacado" que supone "la llamada evaluación de desempeño, la cual presente un sesgo inquietante del control de las personas y no sobre la evaluación del rendimiento de los equipos de trabajo".

   El BNG coincide con AGE al llamar la atención sobre este extremo. "Diseña una función pública menos profesional y más dependiente del poder político, introduciendo un nuevo sistema retributivo basado en una evaluación del rendimiento sin método objetivo de verificación y con la creación de un personal directivo que incluso puede ser desempeñado por personas ajenas a la administración", apuntan los nacionalistas.

   A esta situación, el Bloque añade que, sin "cuestionar" la existencia de evaluaciones, de ser así, "deberían quedar claramente establecidas el grado de vinculación retributivo y, sobre todo, que se puedan verificar en base a criterios objetivables y con las debidas garantías para no convertirse en un instrumento para premiar fidelidades políticas".

   Al respecto, los nacionalistas, que también echan en falta un compromiso lingüístico de la norma en el ámbito de la función pública, consideran "imprescindible" introducir algún tipo de mecanismo de control sindical en el proceso.

   Todos los grupos de la oposición señalan que, en el ámbito de los derechos laborales y de los empleados públicos, la ley que pretende aprobar el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "no considera la reposición de los recortes efectuados para el personal", en palabras de los socialistas.

   El BNG, por su parte, alude a que los "recortes tenían vocación de temporalidad" pero "se consolidan", mientras que AGE avisa de que es un "proyecto huérfano de financiación" que sirva para "nutrir a las administraciones públicas con los recursos suficientes" y acusa a la Xunta de "seguir presa de la ortodoxia de los recortes en los presupuestos, abandonando a su suerte la necesaria reforma de financiación en el ámbito local".

SESIÓN DE CONTROL, ECONÓMICA

   El debate de la futura ley de función pública se llevará a cabo en un pleno en el que la economía será el eje de la sesión de control al presidente de la Xunta, toda vez que los grupos de la oposición interpelarán a Núñez Feijóo acerca de la marcha de los datos económicos o cuestiones más concretas como Abanca.

   De esta forma, el portavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, preguntará al presidente de la Xunta por "qué valoración hace de los resultados económicos del año 2014", y, singularmente, por la caída de la economía gallega.

   Los socialistas reclamaron que Feijóo compareciese en el pleno sobre este asunto y, no en vano, la pasada semana el PSdeG registró tres peticiones de comparecencia dirigidas al mandatario gallego para que explicase el hecho de que Galicia es la "tercera" comunidad "que menos creció en 2014", así como la bancarización de las cajas gallegas y su posterior venta, junto con la carga de trabajo de Pemex.

   Sin embargo, la mayoría que ostenta el PP en la Cámara ha vuelto a impedir que se produzca la comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico sobre estos asuntos, que sí aparecerán en la sesión de control que habitualmente se celebran los miércoles.

   En esta misma línea, la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Díaz, preguntará a Feijóo sobre las "razones que explican que Galicia se sitúe, con las políticas que impulsa su presidente, en el furgón de cola de los datos económicos básicos estatales".

   El BNG también se decanta por la economía en la sesión de fiscalización a Feijóo y su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, le preguntará en su cara a cara si "va a asumir sus responsabilidades por defender una venta de Novagalicia Banco ruinosa para Galicia".

   La venta de la entidad resultante de las cajas a la entidad venezolana Banesco desembocó en la creación de la marca Abanca, que la semana pasada presentó los resultados de actividad, con más de mil millones de beneficios, logrando recuperar en su primer año lo invertido en la compra.

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