Piden 10 años de cárcel para dos acusados de estafar 70.000 euros con la promesa de evitar la subasta de una vivienda

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra juzgará este martes, 22 de septiembre, a dos acusados de estafar alrededor de 70.000 euros mediante la supuesta ayuda a dos personas que tenían problemas con una hipoteca y una vivienda que estaba en proceso de subasta. Fiscalía pide para ellos 10 años de cárcel por un delito de estafa continuada.

   Según recoge el escrito fiscal, los hechos se remontan a 2007, cuando los dos afectados pidieron un préstamo de 135.000 euros a Banco Santander, poniendo como hipoteca una vivienda. Posteriormente dejaron de pagar las cuotas y, en 2015, comenzó un procedimiento judicial para ejecutar la hipoteca y poder subastar la vivienda.

   En ese momento, los acusados contactaron con la hija de uno de los afectados, ofreciendo sus servicios para negociar y solucionar el problema de la vivienda. Así, el 4 de noviembre de 2015 firmaron un contrato con un pago inicial de 8.500 euros por dichos servicios de mediación. El contrato también contemplaba otra comisión de 8.500 euro si conseguían determinada financiación.

   Tal y como relata Fiscalía, desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 16 de abril de 2021, los acusados reclamaron y obtenieron sumas de dinero que comprometían destinar a la cancelación de la deuda hipotecaria, a entregas directas a los acreedores o a la refinanciación de la deuda con nuevos préstamos.

   Más tarde, entre 2020 y 2021, según la acusación, propusieron como solución vender una nave que pertenecía a uno de los afectados, para utilizar el dinero obtenido de la venta para pagar la deuda hipotecaria. Sin embargo, sostiene Fiscalía, esa venta nunca llegó a realizarse.

   Cuando el procedimiento hipotecario avanzó hasta la subasta, según Fiscalía, los acusados comunicaron a la afectada que ya no podían solucionar el problema, proponiendo como última operación que la amiga de una de las acusadas comprase la vivienda para posteriormente transmitírsela a los afectados.

   El escrito señala que los perjudicados contactaron directamente con la empresa encargada de la gestión del cobro de la hipoteca. Según la Fiscalía, en ese momento comprobaron que el último pago de la deuda hipotecaria se había realizado en diciembre de 2014, antes de que los acusados comenzaran a intervenir.

   Para el Ministerio Fiscal, esta circunstancia demostraría que las cantidades entregadas posteriormente por los perjudicados no habrían sido destinadas a la cancelación de la deuda hipotecaria en los términos comprometidos.

   Por todo ello, considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de estafa y sostiene que los dos acusados habrían actuado de común acuerdo con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido.

   Además de los cinco años de prisión, el Ministerio Fiscal solicita para cada acusado una multa de 12 meses a razón de siete euros diarios, así como la correspondiente inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

   En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen solidariamente a los perjudicados con un total de 70.000 euros, distribuidos en 62.094 euros para una de las personas afectadas y 7.906 euros para la otra, además de los intereses que legalmente correspondan.