VIGO, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La causa contra Carlos F.G., presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, se ha saldado finalmente con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que supondrá una condena de dos años de cárcel para el principal encausado, mientras que quedan exoneradas su mujer y su hija, que también fueron detenidas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la gestión del órgano colegial.
Este jueves se ha llevado a cabo la vista de conformidad en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde el procesado aceptó la pena de prisión por un delito de gestión desleal, sin que tenga que entrar en la cárcel si no vuelve a delinquir en un plazo de tres años y paga la responsabilidad civil.
Asimismo, ha sido inhabilitado durante dos años y deberá abonar al Colegio, en concepto de indemnización, casi 158.000 euros. El tribunal le ha impuesto también una multa de 900 euros.
La instrucción de este caso comenzó en marzo de 2021, cuando el presidente del Colegio, su mujer y su hija fueron detenidos por esas supuestas irregularidades en la gestión del Colegio, y por utilizar el organismo para blanquear dinero de empresas de la familia. En julio de ese año, los tres fueron puestos en libertad tras pasar tres meses en prisión provisional.
Se da la circunstancia de que, en septiembre de 2021, un juzgado de lo Social de Vigo declaró nulo el despido de un extrabajador del Colegio, el responsable de comunicación, y en su fallo vio acreditada la existencia de un "entramado empresarial" con "testaferros" tras la gestión del Colegio. Así, en su resolución, la magistrada señalaba que tras la entidad había un "entramado" de empresas que se encargaban de diversas cuestiones, por lo que el propio colegio quedaba "vacío de contenido".
Carlos F.G., su mujer y su hija estaban detrás de Galaprint, empresa dedicada a la impresión y dueña del local que ocupa el Colegio; también estaban detrás de Gestión Jurídica Gallega, que daba asistencia jurídica al Colegio; y de Instituto Gallego de Formación Sanitaria y Promoción Social, que daba cursos a los colegiados; por esos servicios, las empresas cobraron ingentes cantidades de dinero. Las empresas tenían, en apariencia, sus propios administadores, pero eran en realidad testaferros, según se apuntaba en esa sentencia de lo Social.
En virtud del pacto de conformidad, ratificado este jueves en sala, se ha retirado la acusación contra la mujer y la hija de Carlos F.G., y este ha aceptado una pena de dos años de cárcel por un delito de gestión desleal.
