El PSdeG exige a Feijóo no “mercantilizar los derechos de las personas”

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Carmen Gallego ha reclamado este viernes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que deje de "mercantilizar los derechos de las personas" y se modifique la Ley de servicios sociales aprobada en 2008 para adaptarla a una nueva directiva comunitaria que permite priorizar a las entidades de iniciativa social en la gestión de los servicios públicos.

En rueda de prensa, la parlamentaria del PSdeG ha recordado que la norma aprobada por el bipartito ya tenía en cuenta la posibilidad de hacerlo, si bien el actual Gobierno gallego alegaba que la normativa europea impedía hacerlo.

En este punto, ha apuntado que, de los 31 centros gestionados por el Consorcio --"construidos" durante la etapa de socialistas y nacionalistas al frente de la Xunta y abiertos bajo el mandato de Feijóo--, sólo tres son gestionados directamente por la administración y "la mayor parte" de los 28 restantes están en manos de empresas privadas.

"Es justo lo que quería evitar el legislador", ha lamentado la exconselleira, antes de señalar que su pretensión es incluir nuevos artículos en esta ley para incluir el régimen del "concierto social", es decir, el concierto con entidades de carácter social y sin ánimo de lucro.

De hecho, ha indicado que el Parlamento asturiano ya aprobó "por unanimidad" esta vía, de modo que ha requerido que en Galicia ocurra "lo mismo". Se trata, según sus propias palabras, de "eliminar dudas sobre la intencionalidad política" de los conciertos, al tiempo que ha destacado que "es una cuestión de principios y de ideología".

AUMENTAR LA GESTIÓN DIRECTA

En su intervención ante los medios de comunicación, Gallego ha defendido que las administraciones públicas deben ir aumentando "paulatinamente" los servicios que prestan de forma directa, si bien los conciertos son fórmulas que permiten darlos mientras tanto.

Con todo, ha puntualizado que es diferente conceder esta vía a "empresas privadas" que a entidades sociales sin ánimo de lucro y que "en su día sustituyeron lo que la administración no era capaz de hacer". "Merecen un reconocimiento; un carácter preponderante en las leyes", ha razonado.