PONTEVEDRA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, destacó hoy que en los próximos ocho años se construirán un total de 2.776 viviendas protegidas en el área funcional de Pontevedra, que abarca la capital --con 2.000 viviendas--, y los municipios de Marín, con la construcción de 530 viviendas, y Bueu, donde se prevé construir 220 viviendas más.
Quintana y la conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, dieron a conocer hoy esta previsión, que cuenta con un presupuesto de más de 100 millones de euros que se invertirán en una superficie de 570.000 metros cuadrados de suelo, en que se habilitarán zonas verdes y se construirán aparcamientos además de las viviendas.
Esta iniciativa forma parte del Plan Sectorial de Galicia que Quintana calificó de "pionero" porque -según explicó- "por primera vez en el Estado se utiliza una fórmula urbanística de intervención pública, que rompe con el anterior modelo económico que abocó a la actual crisis".
Se trata, en definitiva, de que la Xunta declare y califique el suelo residencial para la construcción de vivienda protegida y "utilizar la complicidad del sector privado para que haga lo que mejor sabe hacer, que es construir", manifestó Quintana tras defender que "nunca se hizo así, pero es así como hay que hacer, porque si se quiere construir vivienda hay que disponer del terreno necesario".
En total, en Galicia serán más de ocho millones de metros cuadrados en los que, en el período 2009-2017, se construirán 45.000 viviendas. Ello, generará en torno a 300.000 puestos de trabajo director e indirectos con una inversión superior a los 1.500 millones de euros.
"Construir una casa es dar trabajo también a otros sectores vinculados a la construcción como escayolistas, fontaneros o carpinteros", argumentó Anxo Quintana.
En esta línea la conselleira de Vivenda insistió en que este Plan Sectorial, que va a contrarrestar la actual situación de crisis dando carga de trabajo a uno de los ámbitos más afectados, va a poner en el mercado inmuebles a precio tasado para el 85 por ciento de los gallegos, cuyos ingresos familiares no superan los 3.300 euros.
