Rural.- El SLG exige a la Xunta que se comprometa a no "privatizar" los consellos reguladores de D.O. e IGP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) exigió hoy a la Consellería de Medio Rural un "compromiso político" de que mantendrá la financiación pública y directa a los consellos reguladores de las denominaciones de origen (D.O.) e identificaciones geográficas protegidas (IGP), así como a los organismos responsables de la certificación de los productos agrarios de calidad.

La secretaria xeral de esta organización, Carme Freire, denunció hoy en Santiago sus "sospechas" de que dentro de "cinco o seis años" se materialice una "privatización" de las 20 entidades reguladores de las principales marcas de calidad agroalimentaria. Una hipótesis que este sindicato concluyó tras la aprobación del incremento de las tasas que los consellos cobran a agricultores, ganaderos e industrias amparadas y que suele representar al menos uno por ciento de la capacidad de producción de cada asociado.

El aumento de la aportación exigida está prevista en algunos de los nuevos reglamentos de algunos de estos organismos, como es el caso del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) o en la D.O. Rías Baixas, entre otros. En rueda de prensa, Freire asoció esta medida a una recién aprobada orden de ayudas para incentivar a los agricultores y ganaderos que apuesten por impulsar producciones amparadas por algún sello certificador.

La subvención, enmarcada en el Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2007-2013, cubrirá el 100 por cien de los gastos derivados del pago de la tasa obligatoria al Consello Regulador durante un periodo de cinco años. Por ello, el SLG cuestionó la finalidad de un aumento de la aportación de los productores a su correspondiente órgano rector y vinculó esta medida a una pretensión de "financiación indirecta" a los consellos reguladores.

"La Administración deja de financiar a los consellos reguladores para que lo hagamos nosotros y después carguemos con la espalda y los costes de mantenerlos", aseguró Freire, quien instó a Medio Rural a expresar "claramente" si su apuesta pasa, una vez concluyan los cinco años de vigencia de las subvenciones, por mantener la aportación de recursos públicos a estos organismos. Todo, pese a ser conscientes, de que esta petición tiene "fecha de caducidad", dada la proximidad de las elecciones autonómicas.

También exigió que no se "use" la ayuda a los productores para tener "la disculpa" de incrementar las tasas y "que todos paguemos los consellos reguladores", a excepción de las industrias que mantendrán su actual importe y tampoco incluidas en estas ayudas de Medio Rural. De constatarse un encarecimiento de la aportación obligatoria que tienen que realizar agricultores y ganaderos, el SLG auguró el "abandono" de las pequeñas y medianas explotaciones cuando concluya el periodo de apoyo público.

En esta línea, Freire aseguró que sólo permanecerán en estos órganos las grandes granjas e industrias "que puedan asumir esos costes". De ahí que advirtiese de un posible intento de "privatización" de los veinte entes rectores de marcas de calidad.

SIN COMPETENCIAS

La secretaria xeral del SLG sostuvo haber trasladado "hace unos días" estas cuestiones a Medio Rural, departamento que, como señaló, rechazó que la orden de ayudas de 24 de julio estuviese asociada al aumento de las tasas de los consellos reguladores. Freire añadió que su titular, Alfredo Suárez Canal, había insistido en que la consellería "no era quien" de "forzar" o "intervenir" en el proceso de elaboración del reglamento de los consellos reguladores.

A este respecto, la organización agraria defendió como "difícil de entender" que la Administración gallega "no use ese arma" precisamente cuando se están redactando y aprobando los reglamentos. Como recordó, los consellos reguladores carecen de capacidad jurídica propia y dependen de Medio Rural, de la que afirmaron que tiene potestad para articular que no se produzca una subida vinculada a las ayudas.

Freire también explicó que la aportación que cada productor realiza a su respectivo órgano rector depende de cada tipo de sello. Así, la D.O. vitivinícola Rías Baixas determina una cuantía mínima a la que se añade un plus en función del volumen de producción. Ternera Gallega contabiliza el número de cabezas marcadas, Mel de Galicia cobra si se efectúa una venta y Craega mide exclusivamente el volumen de producción.

Precisamente, este último órgano rector aprobó recientemente un nuevo reglamento que prevé aumentar un 30 por ciento las tasas a sus productores, según reveló Freire.

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Cuestionada por la posición del SLG con respecto a la alianza entre Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco frente a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), Freire destacó la "importancia" de que se realice una defensa conjunta contra el intento de "liberalización absoluta" de los mercados. "Tiene que haber una apuesta clara hacia el control de la producción alimentaria", declaró.

Freire destacó que las discrepancias surgen del modo en que debe realizarse la distribución de la capacidad productiva de cada Estado miembro. En esta línea, aclaró su oposición a un reparto lineal de la cuota láctea, que supondrá el aumento en un uno por ciento del cupo productivo a todos los países comunitarios.

"Si en eso están de acuerdo todos --las cuatro comunidades cantábricas--, estupendo", reconoció, tras incidir en la relevancia de que se exprese una "declaración de intenciones" para declarar "vital" el sector lácteo gallego.