Santiago aprueba inicialmente el recargo del IBI a viviendas vacías, pero la nueva tasa de la basura no prospera

  SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Santiago está cada vez más cerca de aplicar una recarga de entre el 50% y el 150% al cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a viviendas desocupadas --si cumplen varias condiciones-- tras la aprobación inicial de una modificación de las ordenanzas reguladoras de ingresos públicos, con el voto a favor de miembros del gobierno local (BNG y Compostela Aberta), PSOE y edilas no adscritas.

   Con todo, ni la subida de la tasa de la basura ni la nueva ordenanza de gestión de residuos salen adelante debido a los votos en contra, en ambos casos, de los concejales del PP y el PSOE. En el caso de la tasa, las edilas no adscritas --que sí han apoyado la ordenanza de gestión-- se han abstenido.

   En cuanto a la recarga aprobada de forma inicial, se aplicará en aquellos casos en los mantengan esa condición durante dos o más años y cuya propiedad sea titular de cuatro o más inmuebles. Para aplicarla, el Ayuntamiento tendrá que elaborar un censo de los inmuebles desocupados con carácter permanente en Santiago, para lo cual se basará en indicios de los consumos y del padrón de habitantes.

   La modificación fiscal aprobada también contiene nuevas bonificaciones a las vivenda de promoción pública, una de las categorías de vivienda protegida, en relación al IBI y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

   Al respecto de la tasa de la basura, como ha recordado el concejal de Hacienda, Manuel César, responde en parte a una "obligación legal" respecto a una ley estatal, a su vez apoyada en una directiva europea, lo que podría conllevar sanciones. El edil señala, además, al "tasazo de Sogama" como el segundo condicionante de esta subida, en referencia al canon aprobado por esta empresa en 2024.

   PP y PSOE apoyan sus críticas en relación a la gestión del servicio de recogida de basura. La socialista Marta Abal su apoyo a la "solución de esta situación". El popular Borja Verea insiste en la "suciedad" de la ciudad: "Tienen la ciudad más sucia que nunca y nunca tanto pagamos por el servicio de la limpieza".

   Las edilas no adscritas, que se han abstenido, han justificado su postura en base a una falta de capacidad del departamento pertinente para el cumplimiento de las obligaciones que conllevan su aplicación.

RECARGA SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS

   En el caso del recargo sobre viviendas vacías, el gobierno local ha encontrado apoyo en el PSOE y edilas no adscritas. En representación de las segundas, Mercedes Rosón ha trasladado su acuerdo con medidas a favor de la solución de la cuestión de la vivienda y la movilización del parque de viviendas desocupadas.

   Con todo, ha puesto en duda el alcance "real" de la medida, que ha pronosticado que será "limitado" y "sin efectos inmediatos" en base a la limitación de las competencias municipales en este ámbito. "Hay que ser conscientes de que la competencias en materia de vivienda es la Xunta de Galicia y, por tanto, cualquier competencia local será limitada", ha apuntado.

   Por su parte, la edila socialista Marta Abal ha refrendado, en su intervención, el apoyo de su formación a las modificaciones presentadas y ha calificado como "interesantes" aquellas referentes al ámbito urbanístico.

   En este sentido, ha introducido un matiz: "Estando de acuerdo con la idea, no lo estamos con las formas. Hay una falta de diagnosis de la vivienda vacía en Santiago para poder acotar la realidad". Por eso, el PSOE ha presentado una proposición de un censo de viviendas vacías, que el pleno tratará más adelante.

   Por otra parte, el portavoz popular, Borja Verea, ha considerado que el "debate político" de esta modificación está, precisamente, en el gravamen a las viviendas desocupadas, en tanto que ve el resto de modificaciones son apreciaciones técnicas, en las que el PP no pone ninguna objección.

   Sí las pone en la recarga a inmuebles desocupados, por lo que sus 11 concejales han votado en contra de ella. Verea ha defendido un modelo basado en "incentivar, promocionar y bonificar", contrario al de "castigar y subir impuestos", que, en sus palabras, representa el del gobierno local. Así, ha traído al pleno propuestas como la bajada del IBI "a quien acredite que alquila a precios asequibles en un contro de larga duración y dentro de un programa municipal".

BLOQUEO A LA SUBIDA DE LA TASA DE LA BASURA

   "El Ayuntamiento está obligado a aprobar una tasa de la basura con dos grandes condicionantes", ha resumido Manuel César, al respecto de la subida de la tasa de la basura, que vincula con el "'tasazo' de Sogama" y a la normativa estatal.

   De esta forma, la tarifa básica seguiría siendo de 6,17 euros, con subidas en cuatro tramos --vinculados al valor catastral--, que van desde 0,80 euros mensuales a los 3,20 euros. Al comprobar que la subida no saldría adelante, César ha advertido: "Serán responsables de las sanciones que el Gobierno va a imponer sanciones al Ayuntamiento".

   La socialista Marta Abal ha centrado sus críticas en deficiencias del servicio, como un "déficit de personal escandoloso": "Antes de pedir más esfuerzo fiscal, lo que procede es que el servicio se preste como es debido".

   Esta ha sido la misma línea que ha mantenido el portavoz de los populares, Borja Verea: "Tienen la ciudad más sucia que nunca y nunca tanto pagamos por el servicio de la limpieza". Así, ha afeado otros aspectos de la gestión municipal, como "la deuda a proveedores más alta" y ser "el ayuntamiento que más tarde en pagar".

   La no adscrita Mila Castro, que ha recordado que esta subida también se practica en otros ayuntamientos, ha cargado contra PP y PSOE por su argumentario. Sin embargo, se han abstenido en base a un informe por el que consta que el departamento pertinente "no cuenta con los medios humanos suficientes" para llevar a cabo las tareas y obligaciones impuestas por ley.

'NO' A LA ORDENANZA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

   Con respecto a la ordenanza de gestión de residuos, su objetivo era dejar atrás la norma del 2008 y adecuarse "a las características del servicio existente", como ha recordado el edil, Xesús Domínguez. La norma sistematiza los criterios y recoge las definicios de cada tipo y las normas específicas, así como los derechos y obligaciones de personas usuarias.

   La ordenanza había recibido su aprobación inicial en el pleno de abril, con ausencia de los actuales concejales socialistas. En aquel momento, las edilas no adscritas dieron su 'sí' --cuando aún no se había formalizado su expulsión del Grupo Municipal Socialista-- y el PP se abstuvo.

   Esta vez, PSOE y PP han votado en contra. Los socialistas aquejan un "texto farragoso" que vulnera el principio de reserva de ley y los populares critican que se hayan dejado las alegaciones "en el olvido". "Compostela está sucia y eso lo ve todo el mundo", ha afeado el popular Adrián Villa.

   La concejala no adscrita Mila Castro ha apoyado la mayoría de argumentos aportados por el representante municipal y ha certificado que el texto supone, en la práctica, "pequeños cambios que responden a un principio de aclaración".

   La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha afeado al PSOE poner por delante "intereses propios y particulares" delante de los "intereses de población", una afirmación que ha causado indignación en el popular Borja Verea, que ha pedido aclarar si en las negociaciones del gobierno local intervienen "intereses privados".

   Ante estas acusiones, la regidora ha insistido en que su comentario estaba referido a un sentido del voto del PSOE apoyado en "intereses de partido" y a su "situación interna". Por su parte, el socialista Gumersindo Guinarte ha negado cualquiera de estas acusaciones y ha reivindicado su postura.