Sindicatos de la concertada piden al Valedor que investigue a la Xunta por la supresión "ilegal" del incremento salarial

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la enseñanza concertada de FSIE, FETE-UGT, CC.OO., USO y CIG-Ensino solicitaron hoy al Valedor do Pobo que inicie una investigación sobre la supresión "ilegal", por parte de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, del incremento salarial correspondiente a 2010 de los docentes de dichos centros.

En declaraciones a los medios tras presentar un escrito en San Caetano, el secretario de la Federación de Sindicatos Independentes de Ensinanza de Galicia (FSIE), Armindo Francisco Mera, explicó que dicho incremento se corresponde con un acuerdo sobre condiciones laborales firmado en mayo de 2008 y aprobado en Consello da Xunta.

En dicho escrito, que fue aplicado en 2008 y 2009, Educación se comprometió a aplicar un incremento interanual de un 2 por ciento en el Complemento Retributivo de la Comunidad Autónoma, además de unos 45 euros brutos mensuales respecto a las cuotas de pagas.

A pesar de que en función de dicho acuerdo su vigencia continuaría durante este año, los sindicatos denuncian que la Xunta fundamenta dicha supresión en el artículo 38 del Estatuto del Funcionario Público, de modo que atribuye dicho incumplimiento a "causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas".

"No somos funcionarios", aclaró Mera, tras considerar que dichos trabajadores pertenecen a entidades "de titularidad privada", como queda explicitado en el artículo 2 del V Convenio de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

MANTENIMIENTO DE EMPLEO

Por otra parte, explicó que en el escrito que presentaron en el Rexistro Xeral de San Caetano solicitaron que el personal que perdió su puesto de trabajo "por resoluciones administrativas de la propia Consellería" puedan "ser trasladados a otros centros" y que, en concreto, afecta a cerca de 20 docentes.

Finalmente, exigieron que "se haga efectivo un derecho reconocido" en la legislación de 2001, por el que se da un "premio de antigüedad en la empresa", es decir, "la paga extra de antigüedad".