Los sindicatos gallegos llaman a los funcionarios a ir a huelga del 2 de junio y se concentrarán el 20 de mayo

Los principales sindicatos gallegos --UGT, CC.OO. y CIG-- llamaron hoy a la participación en la huelga convocada entre los trabajadores del sector público el próximo 2 de junio en contra del recorte anunciado por el Gobierno central, una protesta que CSI-CSIF apoya, pese a que ve "precipitada".

Además, los tres sindicatos de clase anunciaron hoy que organizarán concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las siete mayores ciudades el jueves de la semana que viene, 20 de mayo, contra las medidas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo confirmaron en sendas ruedas de prensa CC.OO. --que convoca los actos de forma conjunta con UGT-- y CIG, cuyo secretario xeral, Suso Seixo, propuso la convocatoria de una huelga general. "No se puede quedar en al administración pública", afirmó y manifestó la voluntad de esta central de alcanzar la "unidad sindical" para organizar conjuntamente las protestas.

En este sentido, uno de los representantes de CC.OO., Jesús Fuentes Fariña, de la Federación de Ensino, aclaró que esta central "no descarta" una huelga general, puesto que las medidas avanzadas por Zapatero son "la punta del iceberg por donde se inician los recortes, pero pueden venir más", advirtió. Por ello, explicó que, si con las protestas ya convocadas se logra una "rectificación, ahí se termina", pero si el Gobierno se mantiene en la misma postura, estudiarán nuevas huelgas.

Con este fin, el de explorar las acciones a emprender en señal de protesta y buscar la unidad en las organizaciones sindicales, CIG, CC.OO., UGT y CSI-CSIF se reunirán el próximo martes, a las 11.00 horas, para plantear sus respectivas posturas.

Por el momento, CC.OO. anunció concentraciones el próximo día 20 ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en Galicia, mientras que la CIG avanzó que protestará en las siete mayores ciudades.

El responsable de Acción Sindical de CC.OO. en Galicia, Daniel Costas, tachó las medidas de "injustas, laboralmente regresivas e inútiles" para salir de la crisis, pues "cargan los costes de la crisis sobre los más débiles", incumplen los acuerdos sellados en septiembre con el Gobierno central en materia de congelación salarial para los empleados públicos y "menguarán la débil recuperación" económica que se está produciendo al recortar poder adquisitivo.

Costas acusó al Ejecutivo estatal de "ceder a la presión de los mercados financieros", que consideró "responsables" de la crisis y censuró que no se produzca una reforma fiscal y financiera para que "fluya el crédito". Asimismo, reclamó que se recupere el impuesto sobre el patrimonio, con cuya eliminación se dejaron de ingresar "1.800 millones en 2009".

REVISIÓN DE LAS MEDIDAS O MÁS MOVILIZACIONES

Por ello, consideró que las medidas son "absolutamente rechazables" y que si el Gobierno no las "revisa" se iniciará "una dinámica de movilizaciones". Por su parte, la responsable del área sanitaria, Dolores González, destacó que la reforma es "un recorte de todo lo público" y no supone "sólo un recorte salarial; va a deteriorar la atención pública".

Fuentes incidió en que el Gobierno rompe "unilateralmente", de este modo, los acuerdos salariales para la función pública y criticó que las medidas se basen en el recorte del gasto, en lugar de en la recaudación, pese a que el Ejecutivo "viene haciendo regalos fiscales de forma continuada" con iniciativas como la del cheque bebé. El responsable de Servizos á Cidadanía, Julio Codesido, destacó que la función pública está integrada por trabajadores de emergencias, sanidad, educación o Correos, entre otros, y que algunas categorías cobran menos de 1.000 euros.

"TRASCIENDEN EL ÁMBITO PÚBLICO"

Por su parte, el líder de la CIG consideró que los recortes son "muy graves y trascienden el ámbito público", para justificar la necesidad de elaborar un calendario de protestas conjunto con el resto de sindicatos y de convocar una huelga general. "Hace falta una respuesta preventiva con carácter global", pues consideró que los empresarios pueden entender estas iniciativas como un precedente y tratar de aplicar las rebajas también en el sector privado.

"La situación es preocupante y requiere una enorme respuesta social", dijo Seixo, que llamó a "romper con la actitud de pasividad en la sociedad" y afirmó que si el resto de centrales no se unen a la huelga general, la CIG continuará haciendo "lo que se pueda".

La responsable del área sanitaria, María del Carmen López Santamariña, llamó a la unidad sindical y criticó que las medidas del Gobierno no hayan sido tratadas en las respectivas mesas de diálogo con los sindicatos.

ADELGAZAR LA ADMINISTRACIÓN Y BAJAR GASTOS

También CSI-CSIF manifestó su rechazo a las iniciativas del Ejecutivo central, aunque apostó por esperar a conocer el contenido concreto de las medidas y los efectos sobre los sectores de trabajadores públicos para decidir las medidas de protesta, aunque la organización estatal secunda la huelga del día 2 de junio.

El presidente autonómico de esta organización, José Francisco Méndez, censuró que el Ejecutivo "transija todo" a las entidades financieras pese a que son "los máximos responsables" de la situación actual y lo vinculó con que los partidos políticos "tienen deudas" con las mismas. Propuso, por la contra, reducir el número de ministerios y la administración paralela y mejorar la gestión.