Tres nuevos furtivos, vecinos de Ferrol, elevan a 14 los imputados en la 'Operación Capacho'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha imputado a tres nuevos furtivos --todos ellos varones y vecinos de Ferrol-- un delito contra la salud pública, con lo que se elevan a 14 los implicados en la denominada 'Operación Capacho', por la venta irregular de vieiras extraídas de la ría de Ferrol --donde este molusco se encuentra en veda por la presencia de la toxina 'ASP' (amnésica)--.

Según informan a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los imputados han sido llevados a declarar en la mañana del martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, que instruye el caso. A continuación, han quedado en libertad con cargos, al igual que los otros once imputados.

Las investigaciones continúan abiertas y la Guardia Civil no descarta más detenciones en las próximas horas, aunque persiste el secreto de sumario, por lo que no han trascendido las identidades de los nuevos furtivos. El operativo lo desarrollan de manera coordinada agentes del Seprona, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el juzgado ferrolano.

Los implicados en la 'Operación Capacho' son, así, seis furtivos --cinco vecinos de Ferrol y otro de Fene-- que operaban de manera habitual en la ría ferrolana, siete personas del sector hostelero de la provincia de A Coruña y un individuo responsable de una empresa de distribución de pescado y marisco de Santiago de Compostela.

RESTAURANTES Y BARES

En cuanto a los restaurantes y bares, se encuentran involucrados el camarero, la encargada de la cocina y una persona vinculada a la dirección --la hija del dueño-- del conocido Restaurante Vilas, en la capital gallega.

También están imputados el dueño del bar O Calexo, en A Coruña; el de El Juanillo, de Ferrol; la parrillada San Isidro, de Bergondo y un último hostelero santiagués cuyo local no ha trascendido.

Por el momento, se desconoce si la venta se realizaba a través de la introducción de los moluscos en los menús y cartas de los establecimientos, y la Guardia Civil apunta a la transacción directa entre particulares.