UU.AA. insta a crear un contrato social que pague los servicios medioambientales que prestan gananderos y agricultores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) insta a la Xunta de Galicia, a través de la implicación de varios departamentos, a crear un contrato social que remunere los servicios medioambientales que prestan ganaderos y agricultores a la sociedad. Para ello, recogerán firmas entre los ciudadanos con el objeto de que buscar "su complicidad" para que éste sea "un proyecto asumido por el conjunto de la sociedad".

El secretario xeral de UU.AA., Roberto García, y el secretario de Desenvolmento Rural de este sindicato, Jacobo Feijoo, expusieron hoy "el riesgo de cierre" de explotaciones agroganaderas en Galicia y como esto repercutiría en la desaparición de campos y tierras de cultivo y su sustitución por matorral y monte, lo que implica más vulnerabilidad ante "grandes incendios" y otro tipo de desastres --inundaciones, etc.--.

Según este sindicato, en Galicia más de 16.000 explotaciones agroganaderas disponen de unos ingresos por debajo del Salario Mínimo Internacional (SIM), es decir, menos de 8.000 euros. Por ello, defendieron que, a partir de la figura del contrato social, como complemento se paguen los beneficios medioambientales y sociales que el mantenimiento de las explotaciones de leche, carne y vino tienen para el conjunto de la sociedad, gracias a su incidencia positiva en el territorio.

Roberto García advirtió de que "no planteamos subvenciones, sino el pago por un trabajo" que durante años se ha hecho de forma gratuita, al tiempo que recalcó que esto significaría "un coste inferior" al que se deriva del abandono de las explotaciones y del tener que acometer tareas de desbroce y limpieza de los montes.

Este sindicato agrario señala que la Xunta ya conoce esta propuesta, pero aseguró que quieren reunirse con el conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, y con el titular de Economía, José Ramón Fernández Antonio, ya que quieren implicar a varios departamentos autonómicos.

PAGO CON REQUISITOS

UU.AA. sugiere que, a través de un contrato social que cuenta con experiencias similares en Francia o en Asturias, se abone de 3.000 a 6.000 euros anuales, una parte por los beneficios medioambientales que genera la explotación y otra como complemento ligado a actividades adicionales, como trabajos de prevención de incendios o recuperación de tierras abandonadas.

Los responsables sindicales precisaron que el acuerdo entre la Administración gallega y la explotación fijaría una serie de condiciones, como que la actividad agraria o ganadera estuviese garantizada por un periodo de cinco años, la aplicación de buenas prácticas agrarias y otras cuestiones. Estimaron que en un plazo de dos años se podrían acoger al contrato social unas 15.000 explotaciones, cumpliendo con una serie de requisitos medioambientales --carga ganadera y otros--; con un coste de en torno a 100 millones de euros.

Entienden que puede haber un mecanismos legal que reconozca los servicios y garantice la continuidad de las explotaciones agroganaderas. Añadieron que para desarrollar este contrato social se debe recurrir a fondos de la UE --Plan de Desarrollo Rural--, de la Administración central --Programa de Desarrollo Rural Sostenible-- y de la Xunta --Programa de Reequilibrio Territorial--.

RIESGOS

Este sindicato agrario advirtió de que la pérdida de actividad sobre el territorio supone un coste económico mayor para la sociedad gallega que la puesta en marcha de un plan solidario, con instrumentos como el contrato social. Según UU.AA., "si se abandona la actividad agraria y no hay cortafuegos naturales habrá más gastos --por limpieza de monte, etc.-- y también riesgo de granes fuegos y otras catástrofes".

Roberto García detalló que lo que plantean es "una reformulación de la totalidad de ayudas para el campo". Apuntó que la propuesta "va más allá" de lo que establece el Plan de Desenvolvemento Rural presentado por la Consellería de Medio Rural. Al respecto, Jacobo Feijoo indicó que la figura del contrato social tiene "encaje legal" y busca llegar a todas las explotaciones, más allá de lo que se recoge en el catálogo previsto y con más fondos que los de la UE.