La Xunta limita a dos años la suspensión de licencias y se arroga por ley paralizarlas cada vez que revise la ordenación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta limitará a dos años la suspensión cautelar de la construcción en la costa prevista por las Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio y del Litoral, si bien se garantiza por ley que, cada vez que regule "instrumentos de ordenación", tendrá potestad para paralizar temporalmente las licencias, tal y como hacen actualmente los ayuntamientos cuando elaboran sus planeamientos.

Se trata de una de las novedades incluidas por la Consellería de Política Territorial tras el período de alegaciones al que sometió el anteproyecto de ley, que recoge así una de las principales demandas de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que reclamó un plazo finito para la suspensión de la construcción a 500 metros de costa en los ayuntamientos costeros y en los suelos urbanos no consolidados en los núcleos menores de 50.000 habitantes en la franja del litoral.

No obstante, según explicó en rueda de prensa la titular de Política Territorial, María José Caride, la paralización dejará de estar efectiva con la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) y con la puesta en marcha del propio Plan del Litoral, que la Xunta prevé tener listo este mismo año.

En consecuencia, Caride declaró que la voluntad de su departamento pasa por "no agotar los plazos", si bien reivindicó que la inclusión de un tiempo máximo "pone de manifiesto, más si cabe, el carácter cautelar de la suspensión". Actualmente las corporaciones locales cuentan un año, prorrogable tan sólo otros 12 meses, para paralizar licencias mientras realizan sus planeamientos y, por ello, la Xunta asume también un plazo de dos años que, sin embargo, podría ampliarse "en casos excepcionales" por acuerdo del Consello.

GARANTÍAS DE PARALIZACIÓN POR LEY

No obstante, el Gobierno pretende garantizar por ley esta paralización cada vez que revise la ordenación del territorio y, para ello, ha adoptado la postestad que disfrutan los ayuntamientos cuando elaboran sus PGOM. La conselleira recordó que comunidades como Cataluña ya prevén esta posibilidad y añadió que si Galicia contara con ella, no habría tenido que regular estas medidas urgentes que espera tramitar en el Parlamento en el próximo período de sesiones.

Así, al igual que los consistorios, cada vez que el Gobierno autonómico detecte "incompatibilidades o conflictos" entre ámbitos de las normas de planeamiento vigentes y las que pretende aprobar, podrá paralizar las concesiones de obras "con el mismo rango" que un ayuntamiento.

En consecuencia, cuando elabore "instrumentos de ordenación", podrá suspender cautelarmente la construcción "con las mismas competencias que un PGOM", con el objetivo de "no llegar tarde" para instaurar el modelo urbanístico que aspira para Galicia. "Es un cambio necesario para llegar a tiempo", aseveró Caride, quien añadió que la Fegamp "no hizo ninguna alegación" al respecto.

INCREMENTO DE SUELO PROTEGIDO

Además, la ley permite también a la Xunta incrementar el suelo reservado a vivienda protegida del obligatorio 20 por ciento en los casos en los que lo crea "necesario", para lo que podrá utilizar planes y proyectos sectoriales de incidencia municipal, hasta ahora reservados a las infraestructuras y las dotaciones públicas.

De esta forma, la Xunta resuelve así la polémica generada el pasado mes de noviembre después de que la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, anunciase su intención de elevar al 40 por ciento el porcentaje reservado a viviendas de protección y de que Caride advirtiese de que esta decisión no se podría "tomar unilateralmente".

El propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, había asegurado que ambas conselleiras trabajaban en una "fórmula" para viabilizar los compromisos, que encuentra su traducción en esta normativa, que incluirá una disposición adicional para modificar la ley de Ordenación del Territorio, de 1995, para ampliar las posibilidades de la Xunta para impulsar planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal e incluir en ellos la construcción de viviendas de protección.

VIVIENDA DIGNA

Así, el Ejecutivo se reserva la potestad de determinar dónde amplificar la dotación pública para "garantizar a todos los ciudadanos" no sólo "el derecho a una vivienda digna, sino precios razonables" y, por ello, Caride se mostró convencida de que esta decisión "contará con la complicidad de todos los ayuntamientos".

A su juicio, las corporaciones locales "son las primeras a las que les interesa" la vivienda pública para sus vecinos y, en consecuencia, rechazó que los criterios que "facultan" a Vivenda a ampliar la protección de suelo entren en conflicto con los municipios. "Es difícil imaginar a un ayuntamiento que no quiera que se promueva", declaró Caride, quien subrayó que "existe una necesidad real".

OTRAS NOVEDADES

A mayores, la Consellería de Política Territorial decidió retirar las propuestas incluidas en torno a las actuaciones de preparación ante incendios en zonas urbanas, a petición del departamento de Medio Rural, que prevé adoptar medidas concretas en la Ley de Prevención y Defensa contra los incendios forestales.

Asimismo, decidió limitar a un mes el tiempo de revisión de la memoria ambiental de los PGOM remitida por los Ayuntamientos, con el objetivo de agilizar la tramitación y de modo que, si en 30 días la Consellería de Medio Ambiente no se pronuncia, significará que el procedimiento de evaluación estratégica ambiental cuenta con el visto bueno del Gobierno.