Xunta presenta una ley para regular la Administración, que la oposición critica porque crea "más chiringuitos"

ANA VARELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, ha presentado este miércoles el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración general y el sector público autonómico de Galicia, al que los grupos de la oposición se han opuesto por entender que crea "más chiringuitos".

Ante el pleno del Parlamento, el conselleiro ha desgranado los principales objetivos de la normativa que se somete a consideración de los grupos. Ha explicado que "evitará duplicidades", aumentará los controles de eficiencia y "optimizará el resultado" de la gestión pública. Así, conllevará un "avance" en la ordenación de la Administración general y en materia de transparencia y seguridad jurídica y fijará una "sistematización" de los entes instrumentales.

Para ello, según ha precisado, se dará una nueva nomenclatura a los cargos y regula la presencia de los delegados territoriales como una figura "que funciona" y que supone "un ejemplo de racionalización", con "seis millones de euros de ahorro".

Además, Rueda ha explicado que la nueva normativa regula la publicación de las normas y los trámites de información pública para dotar de mayor seguridad jurídica a todos los procesos, tal y como demanda el Consello Consultivo; y establece un mayor control de las gestiones de la administración, según reclama el Consello de Contas.

Sobre los entes dependientes, ha asegurado que todos estarán "controlados" y que la Xunta será "una casa única". En cuanto a los organismos, se crean tres agencias --Infraestructuras, Innovación y Modernización-- y se suprimen siete unidades administrativas, al tiempo que inicia el proceso de suprimir 48 entes y mejorar otros 16, con un consiguiente ahorro de 10 millones de euros anuales.

RECHAZO DE LOS GRUPOS

Por su parte, los grupos de la oposición han mostrado su rechazo al texto normativo con sendas enmiendas a la totalidad, dado que tanto José Manuel Lage (PSOE) como Alfredo Suárez Canal (BNG) han concluido que esta ley servirá para crear "más chiringuitos".

"Cae la careta de la falsa austeridad de Feijóo", ha sentenciado el socialista, para quien la Xunta está actuando "de manera contraria" a lo que predica. Así, ha lamentado la "oportunidad perdida" para racionalizar la administración y evitar duplicidades, ya que generará "más chiringuitos, más personal y más discrecionalidad". "Vuelven a la época caciquil, a designar en función de la afinidad y no de la aptitud", ha reprobado.

Al margen de ello, ha denunciado que el Gobierno autonómico pretende hacer "una reforma exprés" de la Ley de Función Pública a través de la Ley de Presupuestos en la que incluye "la rehabilitación de funcionarios que fueron condenados por inhabilitación". "Perdieron la vergüenza", ha espetado al titular de Presidencia, al que le ha preguntado "en quién pensaba" durante la redacción de este artículo.

En su turno de intervención, Suárez Canal ha justificado su oposición al texto en que "no mejora" la administración, no elimina las duplicidades existentes, no blinda la "privatización" de los servicios públicos y supone una "instrumentalización partidaria" de las delegaciones de la Xunta.

"Se vista como se vista, supone la creación de dos entidades más", ha criticado, en alusión a la creación de las tres citadas agencias y la supresión de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI). Así las cosas, ha pedido al conselleiro que "por el bien de la administración, retire el texto".

Enfrente, el portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Rodríguez Miranda, ha atribuido la oposición de PSOE y BNG a que "no haber acometido esta ley fue el gran fracaso del bipartito".

SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE

Por otra parte, en la primera jornada de la sesión plenaria de esta semana se ha debatido también el proyecto de ley por el que se suprime el Servizo Galego da Igualdade (SGI), que han sacado adelante los votoso del PP.

En primer término, las portavoces de Igualdad de los grupos parlamentarios de PSOE y BNG, Silvia Fraga y Ana Pontón, respectivamente, han lamentado que "ninguna" de sus enmiendas fue aceptada por el partido mayoritario de la Cámara.

A continuación, la socialista ha criticado que el PP justifique su supresión "hablando de ahorro y eficiencia" mientras "se pierde" un instrumento que "da visibilidad a la lucha contra la discriminación" de las mujeres. Pese a que se ha mostrado convencida de que al PP "le molestan" las políticas de igualdad, dada la "ofensiva" puesta en marcha contra ellas desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a San Caetano, ha defendido una enmienda en la que pide que la Presidencia del SGI sea asumida por la secretaria xeral de Igualdade, "tal y como se lleva haciendo año y medio".

Con ella ha coincidido la nacionalista, quien ha advertido de que la supresión de este ente tendrá "consecuencias a corto, medio y largo plazo", ya que supondrá "un paso atrás" en el desarrollo de políticas de igualdad. Por ello, y a la vista de que el Gobierno gallego pretende trasladar el personal del SGI a la Secretaría Xeral de Igualdade --dependiente de la Presidencia de la Xunta--, ha planteado mover también su sede física a este departamento para así, ahorrar el alquiler.

Se trata, según han explicado ambas diputadas, de que las políticas de igualdad sigan siendo una obligación legal, de modo que su puesta en marcha no esté en función de la "autoorganización" de cada gobierno.

SUPRIMIR EL MINISTERIO DE IGUALDAD

Sin embargo, la parlamentaria popular Paula Prado ha concluido que los grupos de la oposición únicamente pretenden "desgastar" al Ejecutivo autonómico y ha rechazado recibir "lecciones" de socialistas y nacionalistas. Dicho esto, ha señalado que las políticas de igualdad "están garantizadas porque dependen del presidente de la Xunta".

Tras criticar la "duplicidad heredada" de la "caótica etapa de gestión" del bipartito, ha recomendado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "elimine" el Ministerio de Igualdad y asuma sus competencias el Instituto de la Mujer. A mayores, le ha aconsejado "no tener mujeres ministras por el único hecho de ser mujeres".