Quintana justifica que Galicia rechace estos parques porque sería "un grave perjuicio" para la costa de "un país centrado en el mar"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Xunta interpondrá un recurso de inconstitucionalidad motivado por la negativa del Consejo de Ministros a admitir los requerimientos por los que cuales el Gobierno gallego denunciaba una vulneración en las competencias autonómicas al no poder decidir en la instalación de parques eólicos marinos.
Según confirmó hoy el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, la medida se pondrá en marcha "sin duda alguna" si el Gobierno central "no atiende el requerimiento de acuerdo pactado" ya que, resaltó, "no podemos permitir que desde Madrid se decida lo que se hace en nuestra costa".
En este sentido, Quintana señaló que el Consello da Xunta aprobó enviar un requerimiento a Madrid para "intentar" que el Ejecutivo central "diese marcha atrás" y "de manera amistosa, dialogada y constructiva" llegase a un acuerdo con el Ejecutivo autonómico.
Para Quintana, la decisión tomada ayer por el Consejo de Ministros "es negarse a ese acuerdo y al diálogo" y "considerar, como se consideraba en los peores tiempos", que "Madrid todo lo puede decidir y todo lo puede hacer". "Eso no lo vamos a permitir", aseveró.
GRAVE PERJUICIO.
Asimismo, el vicepresidente resaltó que, "hoy en día, que parecemos todos tan preocupados por la ecología", Galicia "está en contra" de la instalación de parques eólicos marinos porque "existe un grave perjuicio" para la costa de "un país que vive centrado en el mar".
Quintana criticó que "el gobierno del señor Zapatero" esté en "una perspectiva recentralizadora preocupante" y señaló que la concesión de los parques eólicos "es una competencia de Galicia" y "parece totalmente lógico" que los parques eólicos "que se pretende construir" en la costa gallega, "seamos los gallegos os que decidamos si se pueden hacer o non", y que "non se decida a mil kilómetros de distancia".
El Consejo de Ministros aprobó ayer dos acuerdos por los que se da contestación a los requerimientos de incompetencia formulados por la Xunta de Galicia y el Gobierno de Canarias, en los que se indica a ambas comunidades que no tienen competencias para autorizar las instalaciones eléctricas ubicadas en el mar alegando que, por las características de las mismas, el Real Decreto 1028/2007 reparte competencias entre gobierno y autonomías en esta materia.
