MADRID/A CORUÑA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha señalado este jueves que la 'Operación Sparrow' aún continúa abierta, en pleno desarrollo, y que se está llevando a cabo íntegramente por los servicios de control e inspección de la Secretaría General de Pesca, según ha informado en un comunicado.
Según confirma, hasta el momento se han realizado inspecciones en compañías situadas en A Coruña, Boiro y Ribeira, y Agricultura no descarta que se puedan llevar a cabo nuevas actuaciones.
Entre estas empresas se encuentra Vidal Armadores, con sede en Ribeira (A Coruña), que fue registrada durante varias horas el miércoles. Esta empresa fue condenada en los últimos años hasta en siete ocasiones por estas prácticas, tras recibir un total de 11 denuncias, según un informe de Greenpeace.
El Departamento, que encabeza Isabel García Tejerina, está inspeccionando las sedes de "varias empresas" por su supuesta vinculación con buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVAMA): 'Kunlun', 'Songhua', 'Yongdin', 'Thunder', 'Seabull', entre otros.
Todos estos buques tratan de amparar sus actividades ilegales en la utilización de pabellones de conveniencia y en constantes cambios de nombre y bandera, operando a través de sociedades pantallas domiciliadas, muchas de ellas, en terceros países.
En concreto, debido a las investigaciones del equipo de inteligencia en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) de la Secretaría General de Pesca, a las modificaciones incluidas en la recientemente aprobada Ley de pesca en materia de lucha contra la pesca Indnr, y a la estrecha colaboración internacional de países aliados, la 'Operación Sparrow' se encuentra en la última fase, a través de la inspección de las sedes de varias empresas en la provincia de A Coruña.
El Ministerio ha incidido en que esta operación se enmarca en la "decidida lucha contra la lacra de la pesca ilegal", no declarada y no reglamentada impulsada por el Gobierno, y en su compromiso con la defensa de los operadores legales y la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
