PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha denunciado ante la Audiencia Provincial de Baleares la "infracción" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo por sentarse en el banquillo acusado únicamente por la acusación popular ejercida por los concejales socialistas del Ayuntamiento valenciano en el marco del caso Nóos, quienes reclaman once años de cárcel para el exalto cargo del PP.
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Grau ha formulado protesta contra la decisión del tribunal de mantenerle como procesado en el juicio a pesar de que sólo los socialistas dirigen acciones penales contra él, y considera con ello vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24.1 de la Constitución.
En concreto, sobre Grau pesan delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial en relación con el papel que habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los denominados Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.
De hecho, la Audiencia balear, en un auto, apuntó durante la instrucción del caso al exvicealcalde como el "impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) -entidades que rubricaron los acuerdos-, y que "participó en la misma tanto de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la FVCB".
El abogado de Grau apunta en concreto a la vulneración del artículo 782 de la LeCrim, que insta a archivar las pesquisas para quien así lo piden Fiscalía y acusación particular, y que en este caso considera que lo es la FVTCB como el "titular del bien jurídico lesionado" -tal y como puso de manifiesto en un anterior escrito-.
Y ello pese a que, en diciembre de 2014, el juez que instruyó la causa, José Castro, rechazó la personación de la Fundación como acusación particular al alegar que ya había transcurrido el plazo para poder ser parte perjudicada en el procedimiento judicial.
El magistrado se amparaba para ello en el artículo 110 de la LeCrim, que establece que quien se considere afectado por un delito deberá personarse antes de que las acusaciones determinen las penas que solicitan para los imputados, algo que ya había sucedido.
Cabe recordar que el tribunal ha conminado al sindicato Manos Limpias, también personado como acusación popular, a adherirse a la representación procesal de los socialistas valencianos durante el juicio, cuestión contra la que también ha formulado protesta el propio Grau.
La Audiencia ha reclamado asimismo al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia que aporte en el juicio el escrito de los servicios jurídicos del Consistorio, firmado por el jefe de los letrados de la Corporación, que concluye que la naturaleza de la FTVCB es "inequívocamente pública", aspecto que Grau ha negado de forma tajante hasta el momento.
